El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) de la Ciudad de México, José Peña Merino, ha estado en la polémica en los últimos días por el retiro de un artículo sobre los “resultados positivos” del uso de ivermectina contra el Covid-19, en la plataforma SocArXiv. Nos dicen que el funcionario local ha estado defendiendo el contenido del documento y ha pedido que se haga diferencia con la política pública. Sin embargo, más allá de las explicaciones técnicas-científicas que se tendrán que dar al respecto, don José vive en carne propia las vicisitudes del ejercicio público y de las posibles malas decisiones en el terreno científico. Este expediente tiene que ver con temas de transparencia, de ética y salud. ¿Habrá demandas judiciales?

Mano dura en Ecatepec y Neza

Nos cuentan que en municipios como Ecatepec y Nezahualcóyotl han decidido aplicar la ley, incluso con mano dura, para abatir no sólo delitos, sino faltas de cultura cívica. Por ejemplo, en el ayuntamiento que encabeza el morenista Fernando Vilchis van por arrestos inconmutables de 10 a 36 horas a quien robe agua, es decir, a quien se le sorprenda huachicoleando, pues es común que personas la roben de tomas para venderla en zonas donde se carece del líquido. Y ayer, el edil de Neza, el también morenista Adolfo Cerqueda, va por multas no sólo contra quienes invadan los carriles del Mexibús, sino los exclusivos para los ciclistas. Parece interesante la medida, ya veremos si tendrá resultados.

Insisten en investigación de penales del Edomex

Los que no quedaron muy convencidos de las explicaciones del gobierno mexiquense de que no existen actos de corrupción en el penal Neza Bordo, ni autogobierno de grupos delincuenciales que se dedican a extorsionar a los internos, fueron los diputados locales morenistas Gerardo Ulloa y Mario Ariel Juárez. Nos comentan que solicitarán la comparecencia del subsecretario de Control Penitenciario, Manuel Palma Rangel, para que explique ante el pleno lo que ocurre en las cárceles mexiquenses, principalmente en la de Neza, donde abundan las denuncias de los reos y de sus familias por las presuntas irregularidades en la que estarían involucrados funcionarios de esa dependencia. Los legisladores exigen además que el gobierno estatal abra una investigación contra las autoridades del penal Neza Bordo.