La estructura llamada “Cártel Inmobiliario” alcanza a funcionarios de primer nivel de distintas administraciones en la alcaldía Benito Juárez, dio a conocer el vocero de la fiscalía capitalina, Ulises Lara , quien en conferencia de prensa, conminó al ex alcalde de esa demarcación -actualmente prófugo de la justicia- a que se entregue a la institución y que declare en torno a la indagatoria que está abierta en su contra.

Respecto a los tres funcionarios recientemente vinculados a proceso, el vocero detalló que ellos durante la administración del ex alcalde prófugo, autorizaron contratos con diversas empresas a las que se le pagaron más de 207 millones de pesos, lo cual generó un daño al erario de la Ciudad de México, pues dichas corporaciones no operaban y las obras contratadas no se llevaron a cabo.

“Respecto a este último funcionario -

tenemos conocimiento que busco la protección de justicia federal al promover un amparo, no obstante le hacemos un llamado a que se presenta a declarar ante la autoridad judicial, el que nada debe, nada teme”, retó el vocero al ex delegado en Benito Juárez y los panistas que lo protegen.

Según los avances realizados hasta el momento en la indagatoria, los tres imputados fueron prestanombres de otros servidores públicos de alto nivel, de la misma alcaldía, lo que podría configurar en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y ovación fiscal, por lo que no se descarta que incluso se pida la colaboración de la Fiscalía General de la República (FGR) para la desmantelación de este clan.

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El vocero de la institución, Ulises Lara, dijo que no era necesario un juicio de procedencia pues los legisladores locales no cuentan con fuero por lo que agentes de investigación ya lo están buscando.

Indicó que la Fiscalía General de Justicia abrió una nueva línea de investigación, con sólidos datos de prueba aportados por uno de los ex funcionarios ya procesados, que “podrían configurar la posible asociación delictuosa de personajes de alto nivel jerárquico en diferentes administraciones de la alcaldía Benito Juárez, lo que se sumaría a las indagatorias por la violación de uso del suelo en dicha demarcación”.

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Detalló que posterior al sismo de 2017, la alcaldía Benito Juárez erogó cerca de 207 millones de pesos asignados a presuntas empresas fantasmas.

“Esta asignación fue mediante tres contratos: dos de ellos emitidos por un monto exacto destinados a dos empresas diferentes por concepto de arrendamiento de maquinaria para trabajos de demolición, más un contrato adicional por mantenimiento de inmuebles públicos afectados”, abundó.

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