En sesión solemne, el pleno del Congreso local declaró la Vigencia y Aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la Ciudad de México, con el que se prioriza la oralidad y el uso de las nuevas tecnologías para resolver este tipo de conflictos.
Fue el 8 de junio de 2023 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expidió el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual señala en uno de sus artículos transitorios que este Código entrará en vigor, en cada uno de los estados, conforme a la declaratoria que emitan los congresos locales, previa solicitud de los Poderes Judiciales.
Por tal motivo, hace uno días el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra, solicitó al Congreso capitalino esta solicitud de declaratoria.
El inicio de Vigencia de este Código en la Ciudad tendrá diferentes fechas: 1 de diciembre de 2024, 1 de junio y 15 de noviembre de 2025.
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Al respecto, el diputado Jorge Gaviño comentó que hoy es un día histórico para la Ciudad, pues arranca la puesta en marcha del nuevo modelo de impartición de justicia en materia civil y familiar que cuenta con procesos donde se privilegia la oralidad, así como el aprovechamiento de las tecnologías de la información.
“Esto es un modelo de justicia digital que permita juicios más expeditos, abiertos, cercanos y accesibles. La transición a un Código Nacional es parte de la tendencia que se ha dado para transformar la impartición de la justicia en el país. Busca una justicia cercana a las personas donde sean escuchadas y vistas las partes en un litigio directamente por las personas juzgadoras, esto es el cambio fundamental que se ha planteado con la implementación de juicios predominantemente orales y procesos homólogos a nivel nacional, que dio inicio con la materia penal, siguió con la reforma al sistema de impartición de justicia en materia laboral y hoy continúa en los juicios civiles y familiares”, comentó.
Destacó que este Código permitirá que los asuntos de la materia civil y familiar, que representa cerca del 70% del total de juicios y procedimientos que son instaurados, se atiendan mediante una visión de justicia social donde sea privilegie la mediación, la conciliación, la oralidad, la certeza jurídica y cerrar espacios para la corrupción.
Precisó que el inicio de la vigencia de este Código Nacional implica grandes retos para las todas las autoridades, por ejemplo, el Congreso tendrá que trabajar de la mano con los poderes Ejecutivo y Judicial para armonizar, homologar y adecuar toda la legislación local que se encuentra relacionada.
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En este sentido, Joaquín Fernández Tinoco explicó que le tocará al Congreso capitalino adecuar y armonizar al menos 29 ordenamientos tras la entrada en vigor de este Código.
Asimismo, aprovechó su intervención para comentar que la reforma al Poder Judicial, que se discutirá en el Congreso de la Unión, es como un huracán que amenaza con devastar su independencia.
“Es importante que cualquier cambio en el sistema se realice con cuidado y considerando las implicaciones a largo plazo para garantizar un sistema judicial justo, imparcial y eficiente. Es tiempo de tomar las cosas con seriedad, de lo contrario corremos el riesgo de debilitar la legitimidad y efectividad de las instituciones, por lo que es preciso recordar que la justicia no es un privilegio, es un derecho fundamental que debemos proteger y defender”, comentó.
El panista Diego Garrido detalló que este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la Ciudad de México tiene mil 191 artículos, y destacó las bondades del mismo.
Octavio Rivero, de Morena, destacó que la Ciudad de México es la primera entidad en declarar la vigencia y aplicación de este Código Nacional.
A esta sesión solemne acudió Rafael Guerra, quien señaló que este Código Nacional representa una herramienta viva, dinámica y socialmente constructiva; además, representa un esfuerzo sin precedentes e histórico para modernizar “nuestra tradición jurídica e impulsarla a una vanguardia procesal”.
LL
