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rebeca.jiemenz@eluniversal.com.mx
Naucalpan
.- El desalojo de familias , en el que participaron policías ministeriales y municipales en el fraccionamiento El Parque, fue por orden de una jueza que ordenó al Ministerio Público retirar el aseguramiento del edificio, ubicado en la calle Río Frío, y devolver al inmueble a “quien tenga mejor derecho”, informaron fuentes oficiales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México .
Vecinos de la colonia El Parque, ubicada junto al Ex Toreo de Cuatro Caminos, reportaron un desalojo violento por parte de personas encapuchadas, con leyendas en sus uniformes de “policía ministerial”, con apoyo de la policía municipal a bordo de patrullas, como la 11-3429.
“Rompieron la puerta de acceso y de departamentos, no sabíamos quiénes eran, venían vestidos de negro y encapuchados, nunca presentaron orden de cateo o de desalojo, pero empezaron a sacar nuestras cosas a la calle”, afirmó Erika Martínez García , vecina y abogada de los afectados.
En el edificio “vivimos ocho familias quienes desde hace 15, 20 y 30 años arrendamos departamentos al dueño”, señaló Martínez García junto con un grupo de vecinos, luego de que reportaron el desalojo violento sin que hubiera algún oficio u orden por escrito, y en ausencia de un actuario o del MP.
Cuando empezaron el desalojo del primer departamento, una de las hijas del matrimonio que lo habita, empezó a convulsionar, por lo que su padre se enfocó a atender a la menor, mientras que hombres armados ingresaban a sacar sus cosas, relataron los vecinos afectados, quienes mostraron los destrozos en las puertas de los departamentos.
“Cuando exigimos que se identificaran, que mostraran orden por la que actuaban, los hombres empezaron a salir uno a uno del edificio y volvimos a guardar los muebles que sacaron”, afirmó la abogada, quien acudió a la Fiscalía de Naucalpan a denunciar los hechos y pidió el apoyo del fiscal anticorrupción del Estado de México. .
“Vivimos en zozobra, no somos delincuentes ni invasores, somos familias que vivimos del producto de nuestro trabajo, que arrendamos estos departamentos desde hace dos décadas, por lo que no merecemos este trato”, reiteraron un grupo de vecinas representadas por Erika Martínez.
La cochera de este edificio tiene sellos de la Fiscalía General de Justicia por un cateo que realizaron agentes ministeriales en 2017 en busca de un vehículo robado que no encontraron. Desde entonces quedaron encerrados cinco autos propiedad de los vecinos del edificio.
“Pese a que demostramos con facturas que estos autos son nuestros, durante los últimos dos años no los hemos podido sacar”, señalaron familias que arredran departamentos en dicho edificio a EL UNIVERSAL .
“Pensamos que esta es una acción encaminada a despojar al dueño del edificio de su propiedad, que él no nos informó que haya vendido”, indicó Erika Martínez.
En 2017 se llevó a cabo el cateo número 00102/2017, en el cual se buscaba un vehículo con reporte de robo. “Al cumplimentar el mandato judicial no se localizó el vehículo buscado; sin embargo, ubicaron dos placas de circulación y un engomado correspondientes a vehículos con reporte de robo vigente, por lo que se procedió al aseguramiento del inmueble”.
En audiencia realizada el 29 de enero de 2019, la jueza de control ordenó a la Fiscalía retirar el aseguramiento y “devolver el inmueble a quien tenga mejor derecho. En caso contrario ponerlo a disposición de la autoridad correspondiente”.
La tarde del 4 de marzo, el agente del Ministerio Público llegó a dicho edificio en compañía del peticionario de iniciales “J.C.G.” a fin de llevar a cabo el retiro de los sellos y la entrega, pero “ante la falta de medidas de seguridad y la existencia de personas ajenas al peticionario, no se lleva a cabo levantamiento de aseguramiento ni la entrega del inmueble”, informaron fuentes oficiales.
etp
