metropoli@eluniversal.com.mx
En el Estado de México, 40% de los delitos registrados se cometen a bordo de unidades de transporte público que trasladan a diario a 11 millones de mexiquenses y, al menos 73 mil de las concesiones que circulan por el territorio estatal ya están vencidas, se prevé que para diciembre de este año se sumen otras 32 mil a esta lista de vehículos irregulares, expone Raymundo Martínez Carbajal, titular de la Secretaría de Movilidad.
El funcionario que actualmente es diputado local con licencia, en un tono firme y con la seguridad de conocer a profundidad el tema del transporte público, reconoce en entrevista que el sector “es el más costoso, peligroso, hasta antihigiénico del país”, según lo han calificado expertos internacionales; por ello, dice el motivo de la urgencia para ordenar el servicio público.
Martínez Carbajal, fue también secretario de Educación durante el sexenio de Eruviel Ávila Villegas, aunque en esta etapa al frente de la dependencia encargada de la movilidad en el estado, es la primera vez que se le observa sin corbata y relajado.
La conversación que se llevó a cabo con EL UNIVERSAL en su oficina ubicada en Toluca, justo en una de las vías más conflictivas por el tránsito que genera el paso de los camiones, en Paseo Tollocan. A unas cuadras de la Terminal de Autobuses y la zona más afectada por bases irregulares de taxis colectivos.
El funcionario comenta que el único fin de esta plática es exponer las razones para no dar marcha atrás a la determinación de regularizar a los empresarios del sector.
Desde hace varios meses, el tema de la regularización en la entidad ha dividido las opiniones entre los propios concesionarios, un porcentaje mínimo de 40% de los prestadores del servicio apoyan las disposiciones estipuladas en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, del 20 de marzo de 2018, que no son nuevas, pues parten incluso del compromiso firmado por todos los transportistas en septiembre de 2017 a cambio de autorizar el alza en la tarifa.
Entre otras, las medidas incluyen la instalación de GPS, cámaras de videovigilancia, botones de pánico, así como la renovación de las unidades con más de 30 años de antigüedad.
Sin embargo, pasaron ocho meses y ninguno cumplió con la normatividad, aunque los usuarios sí pasaron a pagar de ocho a 10 pesos la tarifa mínima; aumentaron un peso el costo en los servicios de Mexibús y Mexicable.
¿Cuántos transportistas circulan en el Estado de México, de ellos cuántos son piratas y cuántos más se encuentran en la irregularidad?
—Para finales de este año, se estima que 60% del total del concesionamiento estaría en la irregularidad; es decir, de 168 mil concesionarios hasta el 31 de diciembre de 2017 entraron en irregularidad 73 mil, incluidos microbuses, autobuses, taxis, combis, minivan. Estimamos que hacia el final de 2018, otros 32 mil entrarán en la misma condición. En suma serían 105 mil concesiones vencidas.
Más de 40% de los servicios son piratas, no es exacta la cifra porque por ejemplo en Toluca hay 46%, en la zona norte la cifra es menor, pero en Ecatepec la cifra es muy superior a la capital mexiquense. Pero no es una respuesta cínica de la autoridad, sino la base de nuestra exigencia para ordenar, porque la ciudadanía tiene la razón en desconfiar de nuestro dicho, porque cuántas veces se han iniciado estrategias de regularización y nunca se concretan.
Derivado del problema de irregularidad estamos inmersos en una sobreoferta de 30% del servicio, como consecuencia está la desvalorización de las concesiones, el mensaje de los irregulares desestimando la relevancia de ordenarse.
¿Cuál es el objetivo de las medidas publicadas en la Gaceta Oficial del Estado de México del 20 de marzo, a la que se opone el sector?
—La idea del acuerdo publicado es corregir un problema de origen que nos permita llegar al propósito fundamental de la política pública que es beneficiar al usuario del sistema de transporte público que es 70% de los 17 millones de mexiquenses.
En segundo lugar, tiene como finalidad regresar la certeza jurídica a quienes participan como concesionarios del transporte.
¿Cómo llegó a este nivel el problema, la autoridad no cumplió con su parte y por qué es tan urgente hacerlos cumplir ahora?
—Es verdad que bajo el amparo de la autoridad llegamos a esta condición, no podemos negar que por muchos años la secretaría no exigió el cumplimiento de las obligaciones y, mucho los transportistas nos reclaman que antes no era así. Pero la irregularidad es un concepto que se da en relación al estado de derecho, que es la responsabilidad de los gobiernos para hacer que se observe y ser el primero en obligar a su cumplimiento.
Recibimos un sector en condiciones anárquicas, caóticas, tienen toda la razón, pero eso no significa que así lo dejemos. El compromiso del gobernador Alfredo del Mazo fue ordenar el transporte y en consecuencia hacer lo que trae aparejado, que es brindar seguridad fundamentalmente.
¿Existen pruebas sobre los resultados de la videovigilancia y la utilidad del GPS para asegurar el servicio?
—El modelo que estamos implementando está probado en grandes ciudades que se comparan con los retos del Estado de México, porque por ejemplo el Valle de México tiene el tráfico más complejo del planeta y el Valle de Toluca no se queda atrás, donde por lo menos hay 2 mil autobuses de sobreoferta.
Cuando se lleva a cabo la regularización disminuimos el nivel de criminalidad en porcentajes importantes, porque actualmente a bordo del transporte público se cometen 40% de los delitos en la entidad y de alcanzar el ordenamiento reduciremos en 30% esos números.
El sistema de transporte transversalmente afecta a todos los rubros de la sociedad, a la parte educativa, laboral, la inseguridad, pero todos nos movilizamos, aunque 30% de los 17 millones de habitantes en la entidad no usan el servicio público, están inmersos en la movilidad y también los afectan las condiciones actuales.
Martínez Carbajal está sentado en la cabecera de una mesa con seis lugares, frente a él hay una computadora y sobre el cristal sus tarjetas informativas con cifras que dibujan un panorama sobre las condiciones en que se encuentra el sistema de transportación público en el territorio mexiquense.
Posa para algunas fotografías, se relaja, toma aire y comienza a explicar, a grandes rasgos, lo que pretende la Ley de Movilidad a la que están obligados los concesionarios.
Lo primero que destaca es que no hay prórrogas ni plazos extendidos para el acatamiento de la norma y, enfatiza: no es un invento ni una extravagancia del gobernador Alfredo del Mazo o propia, sino el reconocimiento de que al amparo de la autoridad, estos empresarios omitieron por décadas su responsabilidad, pero ahora no habrá más negociaciones, porque el objetivo único es regularizar el servicio y hacerlo seguro.
“La irregularidad y en consecuencia la falta de ordenamiento dejó un cóctel verdaderamente complicado que no nos permite como Estado asegurar las condiciones adecuadas para prestar el servicio público del transporte”, reconoció.
Advierte que no los detendrá el proceso electoral vigente, tanto estatal como federal y no importan ya los amagos con paros o promover el voto en contra del PRI, porque el ordenamiento no es negociable.
Además, el ordenamiento permite también contar con un registro de trabajadores que los tenga identificados, porque actualmente son responsabilizados de delitos tan graves como feminicidios, violaciones, ataques con arma de fuego contra usuarios o conductores, incluso de estar coludidos con las bandas criminales que azotan el gremio.
El funcionario no duda, que de continuar en la negativa para regularizarse, habrá retiros de unidades a partir de que se venzan los plazos en la Gaceta Oficial y, abrir la oferta de las concesiones canceladas a nuevos empresarios interesados en cumplir con la ley.
Los inconformes amagan con paros y protestas, califican como negligentes las disposiciones
—No es un capricho, lograrlo permite mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Tenemos 30 empresas con 40 mil unidades que circulan en la entidad que cumplen con estos procesos de ordenamiento desde hace varios años, los resultados son muy favorables. Por ejemplo, la Ruta 42 que opera en Nezahualcóyotl en 2013 registró al menos 40 robos de las 300 unidades que agrupa, a partir de incluir herramientas como las que exigimos en la Gaceta, llegaron a un nivel cero de criminalidad y hablo de un lugar tan difícil como es Neza.
¿Les preocupa que en temporada electoral haya un rompimiento con el sector?
—La verdad es que no me quisiera meter en el tema electoral que conozco y domino, pero no hay un argumento de carácter político electoral que ellos nos puedan ofrecer para que esta actitud tenga sentido, quienes participan en temas de política en cualquier instituto político lo hacen, independientemente de su trabajo, es decir, no andan tomando calles.
¿Les preocupa el llamado de voto en contra al PRI?
—Los argumentos que ellos exhiben en esa materia son muy pobres.
¿Cuál es el costo estimado en la adquisición de las herramientas exigidas, de la concesión y por qué son autorizadas sólo algunas empresas para la compra?
—El costo por año de una concesión es de mil 600 pesos, estimamos que el precio de las cámaras, botón de pánico y GPS no rebasa los 8 mil pesos. Es decir, si no les alcanza para juntar 3.50 pesos al día para pagar la concesión y el equipo, entonces que abandonen esta actividad y se dediquen a otra cosa, porque sí estarían en quiebra como los líderes inconformes alegan.
Las 14 empresas autorizadas en la Gaceta Oficial no son un negocio propio, como ellos acusan, no voy a ganar nada con esas compras, a quién le compren es su problema, pero son las únicas que en todo el país cuentan con la certificación necesaria para poder enlazarse con el C5 que hará el monitoreo de las cámaras, además de normas técnicas del gobierno federal y estatal. Si a la postre hay 100 proveedores más que cumplen con los requisitos, pues la gama de opciones para la adquisición crece, pero por el momento sólo existen esas.
¿Qué pasará con quienes incumplan con las disposiciones y cuáles son los plazos para la renovación?
—A partir de que se venzan los plazos estipulados en la Gaceta comenzará el retiro de las unidades sin más prórroga, no estamos en una actitud complaciente y la determinación es regularizar, ordenar. No estamos diciendo que ellos sean los únicos responsables de las condiciones actuales, pero sí de negarse al ordenamiento.
Somos el peor sistema de transporte del país, el más caro, el más inseguro, bueno hasta antihigiénico nos lo han calificado. ¿Por qué tendríamos que seguir haciendo las cosas como hasta ahora? A eso Einstein le llamaba demencia.
El secretario de Movilidad, se dijo abierto al diálogo y, confió en la respuesta positiva de una fracción de empresarios decididos a mejorar la calidad del servicio, que comparten con el gobierno mexiquense, el espíritu de transitar hacia una modalidad que no únicamente asegure a los usuarios sino a los trabajadores.
