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El Consejo Coordinador Empresarial articuló una “Red de protección y denuncia empresarial”, ante actos de corrupción y extorsión de autoridades estatales, municipales y federales, que con la pandemia por Covid-19 tratan de imponer actos incongruentes fuera de la Ley, que se presta a abusos que han registrado en todo el Estado de México, afirmó Laura González Hernández presidenta del CCE mexiquense.
La otra parte de la pandemia, es la crisis de la incertidumbre que prevalece entre los empresarios, tanto de actividades esenciales como de los sectores que aún no pueden hacer planes de reactivación económica, apuntó la dirigente empresarial en conferencia de prensa en línea, en la que estuvo acompañada por empresarios hoteleros, de la Asociación de Bares y Restaurantes y de la Asociación de Distribuidores de Gasolina del Estado de México.
La corrupción “es práctica común en todo el Estado de México, que ya no vamos a tolerar”, sobre todo en estos momentos de crisis, aseveró la presidenta del CCE mexiquense quien anunció que crearon esta red de protección y denuncia a través de grupos internos de whatsapp de empresarios.
Además integrantes del CCE resaltaron la firma de convenio con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) , que creó una ventanilla única de atención empresarial, para dar seguimiento a temas que vulneran las inversiones.
“Los empresarios van a actuar con apego a la Ley”, respetando lineamientos que marcan las autoridades federales, estatales y municipales, por lo que no permitirán ser extorsionados por “temas viales, por parte de agentes municipales, estatales y federales; impartición de justicia, trámites administrativos, verificaciones e inspecciones”, fuera de toda lógica, reiteró Laura González.
Las denuncias de los empresarios tendrán seguimiento ante las Contralorías municipales y estatal, ante Derechos Humanos, la Fiscalía mexiquense y el Poder Judicial, el CCE dará trámite de las quejas que en todos los niveles de gobierno “a todo le vamos a dar trámite”, advirtió la dirigente empresarial.
Aún cuando no exista una denuncia formal, porque los empresarios no creen o no quieren perder tiempo en demandar, “buscaremos dar respuesta a cada caso”, aseguró la presidenta del CCE mexiquense.
E incluso, advirtieron, demandarán la reparación del daño, con demandas por “actos contra la inversión, porque las personas morales también tienen derechos y humanos, reconocidos en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Por ejemplo hay municipios que establecieron horarios de operación reducidos, lo que propició fue que la gente se acumulara para hacer sus compras o incluso prohibieron la venta de bebidas alcohólicas, cuando no hay ordenamiento estatal o federal en ese sentido, indicó la dirigente empresarial.
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