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emilio.fernandez@eluniversal.com.mx
Acolman, Méx.—Asfixia pudo ser la causa de la muerte de Jade, la niña de cuatro años que fue encontrada dentro de un tambo la madrugada del miércoles, según las pruebas periciales que hasta ahora ha llevado a cabo la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM); pero realizarán más análisis para saber con precisión la causa del fallecimiento.
Karla Magdalena y Rutilo, la pareja que fue sorprendida por elementos de corporaciones mexiquenses cuando intentaban sepultar de manera clandestina el cadáver de la pequeña en la colonia El Paraíso, del municipio Acolman, permanecen en el Ministerio Público y en las próximas horas se prevé que sean ingresados a un penal estatal, donde enfrentarán la acusación por el delito de feminicidio.
A ambos también se les imputarán los delitos contra el respeto a los muertos y violación a las leyes de inhumación y exhumación.
Las autoridades buscan a la madre de la víctima o a algún familiar para entregarle los restos de la menor.
Según las declaraciones de los acusados a los policías que los detuvieron la madrugada del miércoles, Brenda, la madre de Jade, se las dejó desde el 8 de enero pasado porque no la quería cuidar, versión que la fiscalía indaga si es verdadera.
Rutilo y Karla Magdalena no le daban de comer a la menor y la dejaban dormir a la intemperie sin proporcionarle cobijas. Los dos afirmaron que el 12 de febrero Jade murió de frío y durante ocho días mantuvieron su cadáver en un tambo de plástico.
La madrugada de este miércoles decidieron deshacerse del cuerpo, subieron el recipiente color azul a un diablito y llevaron consigo una pala para cavar un hoyo en un predio de la colonia El Paraíso, en el municipio de Acolman, ubicado en la zona nororiente del Estado de México.
De acuerdo con el Código Penal de la entidad mexiquense, el castigo por feminicidio es de 40 a 70 años de prisión o prisión vitalicia, así como de 700 a 5 mil días de multa que se aplicará a los responsables del delito.
Además, el culpable perderá todos sus derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. La pena se agravará hasta en un tercio cuando la víctima sea mujer menor de edad, embarazada o con discapacidad, así como cuando el implicado sea servidor público.
