metropoli@eluniversal.com
Toluca, Méx.— Las diputadas morenistas Nancy Nápoles Pacheco, María de Jesús Galicia Ramos y María del Rosario Elizalde Vázquez promovieron la iniciativa para legalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación en el Estado de México, a fin de asegurar la salud y vida de las mujeres.
La iniciativa, que fue turnada a comisiones para su análisis, considera reformas a los códigos Penal y Administrativo; al respecto, la legisladora Nápoles Pacheco destacó que su importancia radica en que en la entidad se han presentado 65 mil 996 casos de complicaciones por abortos ilegales y que han sido atendidas en el sistema de salud.
Además, según las estadísticas del Sistema de Información de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), de 2007 a 2019 en las clínicas de la Ciudad de México atendieron a 56 mil usuarias provenientes del Estado de México, lo que ubica a la entidad en el segundo lugar a nivel nacional de mujeres de entre 17 a 38 años que se practican un aborto.
Dijo que en el país el aborto inseguro es la cuarta causa de muerte en las mujeres y que es una cuestión de salud pública, resultado de la desprotección que tienen al momento de acudir con un médico en situación de vulnerabilidad, porque tienen acceso restringido o nulo a servicios públicos de calidad, tanto educativos como de salud.
La legisladora aclaró que el objetivo es que el tema se aborde en el menor tiempo posible y se convierta en ley, ya que es una exigencia social que no puede ir a la congeladora.
Se propone que los prestadores del servicio de interrupción legal del embarazo sean personas físicas o morales de los sectores público, social y privado, quienes tendrían la obligación de brindar a la mujer embarazada información imparcial sobre los procedimientos, riesgos y consecuencias, así como la alternativa para la adopción.
La diputada morenista precisó que el Sistema Estatal de Salud será el encargado de atender las peticiones de interrupción del embarazo, aún cuando las solicitantes cuenten con algún otro servicio de salud público, social o privado, pues en la iniciativa no está considerada la creación de clínicas especializadas, debido a que implica la erogación de recursos públicos que no están considerados por el momento.