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Ocoyoacac, Méx.— Un juez federal en materia de Amparo determinó que los elementos de la Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad del Estado del México que se encuentran dentro de los bienes comunales de San Jerónimo Acazulco y San Juan Coapanoaya, donde se construye el Tren Interurbano México-Toluca, deben salir de inmediato.
Los comuneros marcharon por la carretera México-Toluca hasta donde está el campamento de las corporaciones, para entregarles una copia de la resolución del juez quinto en materia de Amparo y Juicios Federales, para que acaten la resolución.
Los vecinos de esas poblaciones del Valle de Toluca ocuparon el sentido de la carretera que se dirige a la Ciudad de México y en mantas que portaron expresaron su inconformidad por las afectaciones que la obra les ha dejado, como la falta de agua.
En abril pasado los elementos federales y estatales ingresaron a la zona ubicada en el kilómetro 37 para garantizar el reinicio de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca, a la altura de población de San Jerónimo Acazulco, que se había detenido desde enero de este año por la oposición de habitantes de la región.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) solicitó la presencia de la Policía Federal y del Estado de México para resguardar a los trabajadores, así como a la maquinaria que participan en el proyecto.
La dependencia federal afirmó que esos terrenos fueron adquiridos y pagados a los propietarios, además de que sobreseyó el amparo 109/2017 para que se impidiera la obra.
Santiago Pérez Alvarado, representante legal de los comuneros, dio a conocer que ayer un magistrado federal falló a favor de los ejidatarios: “Presentamos el amparo y el día de hoy [lunes] el juez quinto en materia de Amparo y Juicios Federales, en el amparo 1,111/2018 nos ha concedido la suspensión y está solicitando se retire la fuerza pública. Hacemos del conocimiento de la opinión pública que logramos una suspensión de plano y que la fuerza pública ya no esté en los bienes comunales de San Jerónimo Acazulco y de San Juan Coapanoaya”.
El abogado dijo que la salida de los integrantes de las corporaciones policiacas debe llevarse a cabo, en tanto no se resuelven dos de las demandas más importantes de los residentes de esas poblaciones que han sido afectados por el proyecto ferroviario.
“Pago justo a las tierras que fueron ocupadas de más y no fueron pagadas, y que se implemente un plan integral sustentable para mitigar los daños que ha generado la obra del Tren Interurbano”, expresó Pérez.
Los comuneros esperan que se instale una mesa de diálogo en la que participen los miembros de las comunidades que han sido afectadas por la edificación del Tren Interurbano, en la que se establezca el plan integral sustentable y se replantee con el nuevo gobierno federal ese proyecto.
“Este proyecto no puede ser un puente que comunica Tultepec y hasta la zona de Santa Fe, mientras toda la demás gente que ha sido afectada queda solamente con el daño y no cuenta con ningún beneficio; tenemos que replantear ese proyecto, en qué forma va a beneficiar a los que fueron afectados con sus tierras”, comentó el representante legal.
Los comuneros, expuso Santiago Pérez, han propuesto que si el gobierno federal no les quiere pagar las tierras que han sido ocupadas de forma ilegal para la realización del proyecto, los incluyan para recibir parte de las ganancias que genera la operación del Tren Interurbano.
“Las empresas que se dedican a la construcción de estas obras y su administración, todas tienen utilidades en la bolsa y no sé por qué no deban tener los comuneros”, cuestionó.