metropoli@eluniversal.com.mx
Toluca, Méx.— Los líderes de 250 cúpulas de transportistas que operan en todo el territorio del Estado de México amagaron con iniciar movilizaciones hacia la Ciudad de México, entre otras manifestaciones, de no ser recibidos en breve por el gobernador Alfredo del Mazo Maza, para solucionar los conflictos que conlleva al sector la imposición de medidas para renovar las concesiones de 150 mil transportistas y que vence en junio para 70% del sector.
Juan Sánchez Peláez, presidente de la Alianza de Autotransportistas Autónomos del Estado de México, dijo que el gremio no está dispuesto a cumplir con la medida publicada en la Gaceta Oficial del gobierno mexiquense el 20 de marzo pasado, que estipula como requisitos para los concesionarios renovar el parque vehicular, adquirir cámaras de videovigilancia, GPS y botones de pánico, además de acreditar cursos de capacitación.
Aclaró que hay al menos 100 mil concesiones vencidas en la entidad, pero atribuyeron el atraso al “desorden” de la dependencia, porque desde el sexenio del ex gobernador Eruviel Ávila Villegas no se ponen al corriente derivado de los cambios al frente de la dependencia: “La corrupción en las ventanillas y la tramitología que significa realizar trámites simples que implican hasta 15 días de espera”, dijo.
“Estamos en quiebra, ellos quieren que les quitemos carga de trabajo, estamos de acuerdo en las medidas de seguridad necesarias, pero que cada parte cumpla con su obligación, porque tenemos más de 5 mil asaltos diarios a bordo del transporte público, además del robo de unidades”, precisó.
Aseguró que no están en contra de cumplir con la renovación de las concesiones, prórrogas ni otras obligaciones administrativas, siempre que el gobierno no perjudique su actividad, por lo que de no tener una respuesta clara, comenzarán a tomar otras medidas de protesta.
Durante una conferencia que ofrecieron en el municipio de Toluca, coincidió con representantes de organizaciones con presencia en el Valle de Toluca, el oriente, el sur y norte de la entidad, así como el Valle de México, en que es obligación del Estado proveer de seguridad a la población, pues los empresarios sólo son responsables de transportar a los ciudadanos, porque para cuidar a los usuarios debe hacerse cargo la policía estatal y las municipales.
“Es una gaceta que no ha pensado en el sector, tampoco en el ciudadano, que queriendo dar más seguridad al usuario, genera más riesgos, incluso conflictos a bordo de las unidades que puede llegar a la muerte de operadores y usuarios. No tenemos por qué pagar algo que no nos corresponde, porque nuestra obligación es llevar a la gente a su destino segura, rápido y con higiene”, alegó el líder.
Advirtió que la compra de las herramientas se reflejará en el bolsillo del pasajero, porque por cada peso que eleva el costo del servicio para los inversionistas, deberán recuperarlo en la tarifa del servicio y, anunció que desde hace años el gobierno estatal se ahorró el “gasto corriente que debió invertir en infraestructura, además del desarrollo en estudios del transporte a cambio de tarifas bajas o regaladas”.
Vicente Álvarez, de la COCEP, rechazó que la meta de los transportistas sea omitir sus obligaciones.
