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emilio.fernandez@eluniversal.com.mx
Fue sentenciado a purgar 16 años, 10 meses y 15 días de cárcel por los delitos de violación y robo con violencia en el penal de Huitzilzingo, municipio de Chalco, pero la sobrepoblación, hacinamiento, falta de personal, autogobierno y cogobierno que existen en ese lugar le permitieron, casi literal, salir por la puerta principal cuando apenas había cumplido tres meses de condena.
Pedro —nombre ficticio para reservar su identidad— escapó la noche del domingo 25 de septiembre de 2016, porque el custodio que se encargaba de vigilarlo “lo perdió de vista” durante el último pase de lista.
Todo se conjugó para que pudiera evadirse. De las 30 cámaras de videovigilancia instaladas en el reclusorio, siete no funcionaban ese día y precisamente por los espacios que cubren los equipos de monitoreo, se fugó.
La hora de la fuga fue a las 19:40 horas, pero el responsable directo de vigilar a Pedro se percató de su ausencia a las 20: 45 horas, cuando fue a su celda a buscarlo. Una hora con cinco minutos después.
El jefe de vigilancia de la cárcel se enteró a las 21:09 horas, a través de la frecuencia del radio, cuando un monitorista reportó que escuchó ruidos en el área de juzgados, por donde se escapó el preso. Cuando lo buscaron ya no lo encontraron.
Tatos, en todas las cárceles. Hace unos días se dio a conocer a través de unos videos de la agencia de noticias mexiquense MVT que Luis Alberto “N”, alias El Tatos, torturaba a otros reos en el penal Neza-Bordo para obligarlos a pagar “protección”.
El motín que efectuaron el lunes 30 de octubre obligó a las autoridades a enviarlo a una cárcel federal en Gómez Palacio, Durango.
Pero “Tatos hay en todos lados”. La madre de un interno del reclusorio de Huitzilzingo, en Chalco, denunció que Marcos, alias El Borrego, uno de los reos, les cobra de manera mensual entre 3 mil y 5 mil pesos para que no sean enviados a la zona de castigos.
“Aparenta sólo tener la tienda de esa área, pero él se dedica a extorsionar a los internos: cobra por todo, no le permite a nadie trabajar por su cuenta, si quieren vender algo, así sea dulces, cigarros o algo para ganarse la vida, él les cobra cuota o les quita el dinero, además cobra renta mensual a los internos por estar en esa área que son mil 100 pesos, les cobra la talacha, presta dinero para cobrar el doble a la semana y golpear internos que no pueden con sus intereses”, acusó la familiar de un recluso.
Durante los días de visita, si ve a alguna esposa o hija de los reos que le guste, les paga a los custodios para que se las lleve a algún dormitorio y amenaza a los internos si quieren oponerse, afirmó.
El Borrego presume contar con la protección de los responsables del centro de readaptación social, por lo que actúa con toda impunidad. “Hemos presentado denuncias, pero la situación sigue igual, somos gente pobre que no puede pagar lo que nos exige, necesitamos ayuda”, clamó la madre de uno de los presos.
Sobrepoblación carceleria. La sobrepoblación en el sistema penitenciario de la entidad es el origen de los problemas en los reclusorios que administra el gobierno estatal, que presentan desde cogobierno hasta extorsiones a los propios internos y sus familias, cometidos por grupos de presidiarios protegidos por las autoridades carcelarias, advirtió la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México (Codhem).
“La sobrepoblación genera condiciones de deficiencia de atención del plan de actividades penitenciario, el trato que se les da a las personas no puede ser, porque esto deriva en que el personal sea insuficiente”, dijo Ricardo Vilchis Orozco, visitador general de Supervisión Penitenciaria del organismo mexiquense.
Según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el sistema estatal carcelario de la entidad recibió una calificación de 6.40 por las condiciones en las que operan sus reclusorios.
De los 11 centros penitenciarios analizados por la CNDH, cuatro de ellos obtuvieron calificación reprobatoria porque no cumplen con las normas establecidas para garantizar la estancia de los internos.
Los penales de Ecatepec, Almoloya de Juárez, Tlalnepantla y Cuautitlán son los que fueron calificados por el organismo nacional de derechos humanos con puntajes menores a seis.
De esos 11 centros de readaptación social, en nueve hay sobrepoblación, de hasta 400% en algunos casos.
El Centro Preventivo y de Readaptación Social Sergio García Ramírez de Ecatepec, conocido popularmente como Chiconautla —calificado con 5.99 puntos— tiene capacidad para 868 hombres, pero están albergados 4 mil 305. En el caso de las mujeres fue diseñado para 95, pero hay 251.
En el de Barrientos, de Tlalnepantla —que obtuvo un puntaje de 5.11—, había entonces una población de 3 mil 540 hombres, pero fue edificado para 915. Mujeres hay 178 y sólo deberían estar en ese sitio 123.
El del Bordo de Xochiaca, en Nezahualcóyotl —que obtuvo una calificación de 6.47—, tiene 4 mil 191 presos; debería haber mil 716. Mujeres hay 232; su capacidad es de 214.
Al de Huitzilzingo, en Chalco —calificado con 6.08—, están asignados 2 mil 771 hombres, cuando su capacidad es de 612. En el caso de internas hay 183, pero fue planeada para 60.
El de Santiaguito, en Almoloya de Juárez —que obtuvo un puntaje de 5.90— la población masculina es de 3 mil 220, cuando fue diseñado para mil 776. Ocupan sus instalaciones 359 mujeres y su capacidad es de 438.
El de Cuautitlán —calificado con 5.10 puntos— fue planeado para albergar a 323 hombres, pero están asignados mil 300. La población femenil es de 93, pero puede albergar a 51.
En el de Tepachico, Otumba —calificado con 6.93—, el total de reos es de mil 62; fue diseñado para 750.
En el de Valle de Bravo —que consiguió una puntuación de 6.88—, la capacidad es de 333, pero están en ese centro penitenciario 395.
El centro de readaptación social Alfonso Quiroz Cuadrón, de Texcoco, llamado popularmente como Molino de Flores —calificación de 7.25 puntos— tiene una población masculina de 765 y su capacidad original es de 559. Las mujeres recluidas son 80, pero sólo debería dar cabida a 65.
El Centro Preventivo y de Readaptación Social Femenil de Otumba —calificado con 6.78— y la Penitenciaría Modelo Guillermo Sánchez Colín, de Nezahualcóyotl —que fue la que obtuvo el mejor puntaje en el Estado de México con 7.87—, son las únicas dos cárceles mexiquenses en las que no hay sobrepoblación, según el análisis de la CNDH.
Despresurizar reclusorios. El secretario general de Gobierno, Alejandro Ozuna Rivero, reconoció que los problemas que se registran en la red penitenciaria del estado se debe en mayor medida a que la mayoría de ellos rebasa el límite de la capacidad para los cuales fueron diseñados.
“Es evidente que hay un problema, que hay un problema grave de hacinamiento que venimos arrastrando desde hace muchos años y no tiene una solución inmediata, es a mediano plazo, pero en coordinación con el Poder Judicial”, comentó.
La titular de la Secretaría de Seguridad mexiquense, Maribel Cervantes Guerrero, explicó que a través del Decálogo de Seguridad de la entidad, se trabaja para tener un diagnóstico real de los 22 centros penitenciarios, así como para hacer un programa de control y generación.
El primer objetivo, dijo, es atender la sobrepoblación que existen en los reclusorios, posteriormente, identificar los riesgos que hay en estos lugares y las organizaciones.
