Toluca, Méx.- Los diputados locales del PAN y de Morena del Congreso mexiquense propusieron reformas legales para encarcelar a quienes agredan al personal de salud , de seguridad y de protección civil . También plantean considerar la carencia de equipo médico durante la pandemia como faltas administrativas graves.
En sesión virtual, los legisladores turnaron a comisiones ambas propuestas. Por su parte el PAN contempla entre tres y 12 años de prisión a quienes cometan agresiones contra el personal sanitario o de seguridad, mientras Morena plantea de seis meses a dos años de cárcel.
El grupo parlamentario de Acción Nacional también contempla la posibilidad de que por falta de equipamiento e insumos para hacer frente a la emergencia sanitaria, se vea perjudicada la seguridad laboral del personal de salud o se transgreda y ponga en riesgo su salud y su vida, así como la de su familia.
El coordinador parlamentario, Anuar Azar, y los diputados Javier González y José García señalaron en su iniciativa que “esta emergencia sanitaria pone de manifiesto valores como la responsabilidad entre la ciudadanía y el gobierno, para acatar y fortalecer las medidas preventivas y de la tolerancia para reconocer que hay ciertos grupos en la población que no pueden detener sus actividades por las inminentes necesidades personales y de servicio, pues resultan fundamentales para las estrategias del Estado, durante esta contingencia sanitaria”.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social de la Legislatura, Berenice Medrano Rosas, propuso sancionar con seis meses y hasta dos años de prisión a quienes agredan a personal médico en la entidad.
Lamentó que en muchas regiones del país se han presentado discriminación, agresiones físicas y verbales en contra del personal médico. Tan solo en un mes, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) recibió 140 denuncias por discriminación relacionada con la emergencia sanitaria de Covid-19, de las cuales 25% fueron interpuestas por personal médico.
La mayor proporción de denuncias fueron en la Ciudad de México, con 47 casos; Estado de México, con 19; Nuevo León, Puebla y Guanajuato, con 5; Veracruz, con 4; Coahuila, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Querétaro, Quintana Roo Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas con 3.
Ambas iniciativas prevén reformar los artículos 211 y 238 bis del Código Penal mexiquense para inhibir estas conductas contra médicos, enfermeras, camilleros, operadores de ambulancias, personal administrativo y todo aquel que labore en instituciones de salud públicas o privadas.
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