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Texcoco, Méx.— La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) presenta un sobrecosto actual de 50 mil millones de pesos, respecto al plan original que anunció el gobierno de la República, afirmó el presidente de la Comisión de Seguimiento de la construcción de la terminal aérea en el Congreso federal, Rafael Hernández Soriano.
El legislador perredista consideró que la realización del proyecto más importante de la administración federal no sólo es un ejemplo de opacidad, sino de corrupción, porque los contratos otorgados a las empresas que participan en la edificación no han sido transparentados por la Federación.
“Ya se fue muy por arriba de los costos, cuando el presidente Enrique Peña lo anunció en septiembre de 2014, dijo que costaría 13 mil millones de dólares que al tipo de cambio eran 169 mil millones de pesos, y en nuestras cuentas dan por arriba de los 212 mil millones de pesos. El costo ya se fue muy por encima de lo presupuestado”, comentó.
Los diputados que integran la comisión que se creó para supervisar el proyecto aeroportuario han dado a conocer que la construcción además de estar retrasada ha estado plagada de errores que difícilmente serán corregidos posteriormente.
Hernández Soriano, quien preside la comisión, acusó que hay “un robo enorme” en el financiamiento del NAICM porque se ocultan los convenios internacionales para las líneas de crédito con la banca extranjera, así como en la colocación de bonos verdes en la Bolsa.
“Necesitamos conocer cuáles eran los criterios que se había dejado en garantía y lo que están dejando en garantía es la hipoteca casi al infinito del aeropuerto. El aeropuerto dicen que tendría un funcionamiento de 100 años y las concesiones las están pactando a 50 años prorrogables a 100, es decir, están hipotecando el aeropuerto hasta que ya no tenga funcionalidad”.
El congresista enunció algunas de las fallas cometidas en el proyecto, que a su juicio son insalvables, como el diseño, pues no se cuenta con un cálculo de cómo irá aumentando la demanda de usuarios.
Propuso con carácter de urgente revisar los contratos financieros, las licitaciones a las empresas que en el 70% fueron adjudicadas ilegalmente de manera directa.