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Toluca, Méx.— El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso mexiquense, Maurilio Hernández, dijo que “no hay municipio o instancia que esté exento de poder ser infiltrado” por grupos delictivos dado el contexto actual de inseguridad y descomposición social; sin embargo, rechazó que tengan conocimiento sobre el cobro de derecho de piso, extorsiones o presiones contra alcaldes morenistas del Valle de México por parte de cárteles.
En entrevista previa a la sesión ordinaria de este jueves, rechazó que cuenten con información oficial sobre la reunión de comisarios de Seguridad Pública y Tránsito con un presunto cártel o grupo delictivo que confirmó Maribel Cervantes Guerrero, secretaria de Seguridad estatal.
“Si la fuente es la secretaria de Seguridad debe ser fidedigna, pero más preocupante todavía. Desde luego que si el tema viene de una fuente oficial toma un carácter de interés de Estado, porque mientras son especulaciones no deja de manejarse en la nube, el problema es cuando tiene una fuente”, reprochó el legislador.
En todo caso, añadió, la instancia que representa la secretaria es la encargada de tomar medidas frente a esta situación, y calificó como una contradicción de su parte que haya respondido sobre la confianza que tiene en la policía municipal aun con lo detectado por el área de inteligencia a su cargo.
“En el caso de los diputados, no hemos tenido algún tipo de denuncia al respecto, no sabemos si a nivel del partido lo hayan hecho; en lo particular no tengo ninguna referencia. No tengo ningún dato en el caso de los alcaldes que proceden del partido; de ser así, lo diría”, aseguró.
El diputado morenista descartó que la declaración de la encargada de la seguridad del estado tenga tintes políticos y tampoco es atribuida a los partidos políticos que gobiernan actualmente esas localidades, pero confirmó que amerita una explicación sobre los pormenores de esa información.
“Si el problema está en los mandos hay que atacarlo; si está en los mandos intermedios o en la tropa, donde se encuentre se tiene que atacar”, apuntó.
Hernández González recordó que es facultad de la Secretaría de Seguridad estatal la certificación de los mandos e integrantes de las corporaciones policiacas, por lo que deberá ponerse atención al respecto y deben tomarse medidas sobre el supuesto encuentro de jefes policiacos con el crimen organizado, pues son la instancia que tiene el manejo de la seguridad junto con los ayuntamientos.
“Deben ubicar dónde está el problema, si en mandos superiores, medios o en la tropa, y tomar medidas al respecto”, insistió.
Maurilio Hernández no descartó que la Junta de Coordinación Política pudiera llamar a comparecer a la secretaria de Seguridad para que explique qué acciones habrá sobre el encuentro mencionado y, en su caso, la Legislatura tomar cartas en el asunto.
Además, reiteró que la inseguridad que se enfrenta actualmente en las localidades no es de las nuevas administraciones municipales, sino un problema social, de riesgo, de descomposición que heredaron los gobiernos.