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Toluca, Méx.— El fiscal Anticorrupción mexiquense, José de la Luz Viñas Correas, informó que de las más de 5 mil carpetas de investigación abiertas este año, la mayoría son en contra de policías municipales, estatales y de investigación, por abuso de autoridad y cohecho.
Las policías municipales que concentran las denuncias son Toluca, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla.
Determinar la responsabilidad de los acusados depende de la integración de la carpeta, si la investigación es sobre hechos pasados a es un delito en flagrancia. Una vez cumplido el término de ley, la fiscalía solicita la audiencia de imputación al Poder Judicial, instancia encargada de sentenciar o absolver a los presuntos responsables.
Explicó que sólo en lo que va del año recibieron 150 denuncias en contra de funcionarios públicos de todos los órdenes de gobierno, por ejemplo contra peritos, ministerios públicos, además de trabajadores de las administraciones municipales de diversas áreas.
En el caso de los empleados de los ayuntamientos, las conductas denunciadas fueron cohecho, abuso de autoridad y peculado, coinciden las localidades como Toluca, Ecatepec, Naucalpan y otros considerados dentro de “los más grandes”, entre los que concentran el mayor registro de denuncias.
Malos manejos. Viñas Correas señaló que cuenta con demandas por desvío de recursos económicos en contra de ediles, pero no pudo precisar cuáles son esas administraciones.
En el caso de los custodios de los centros penitenciarios, informó que tienen 10 procedimientos por abuso, “debo tener carpetas prácticamente de todos [los penales], aunque sentencias en ese tema específico no hay, son conductas complejas en su investigación porque son lugares donde están encerrados los sujetos y todo se complica, ha habido situaciones que fueron públicas que todos las conocen, pero no hay conclusiones aún”.
Agregó que desde que fue creada la Fiscalía Anticorrupción, en julio del año pasado a la fecha, lograron al menos 10 sentencias, con hasta 18 o 20 involucrados, una de ellas alcanzó los 55 años de cárcel por extorsión, pero especificó que las penas en el resto de los asuntos dependen de cada caso y las agravantes.
Refirió que aún hace falta la denuncia por parte de los ciudadanos y, destacó la necesidad de distinguir entre una conducta delictiva y una que sea de responsabilidad administrativa, porque en el primer caso, la responsable de atender la denuncia es la Fiscalía Anticorrupción que pertenece a la Fiscalía General de Justicia mexiquense.
