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emilio.fernandez@eluniversal.com.mx
En los centros preventivos y de reinserción social de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco y Cuautitlán los internos ejercen actividades de autogobierno o cogobierno, por lo que también se registran cobros ilegales, extorsiones y sobornos, entre la población penitenciaria, según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016 elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El análisis establece que en otras cárceles mexiquenses, como la de Tlalnepantla, se cometen actividades ilícitas y en otras como la de Tepachico, en Otumba, así como en la de Texcoco, existen deficiencias en el proceso para la imposición de sanciones disciplinarias a los reclusos que se comportan de manera inadecuada.
En el caso del penal de Chiconautla, en Ecatepec, que es donde más reclusos existen del sistema carcelario mexiquense, prevalecen deficiencias en la gobernabilidad porque no hay personal suficiente de seguridad y custodia para más de 4 mil 300 internos.
También, hay carencias en el proceso para la aplicación de sanciones disciplinarias en contra de los reos. La CNDH detectó el ejercicio de funciones de auto gobierno y cogobierno de parte de presos, lo que permite que se cometan actividades ilegales como extorsiones y sobornos entre los reos y se extienden a sus familiares.
En Neza Bordo, segundo centro de prevención y reinserción social con mayor población en el Estado de México, el diagnóstico elaborado por la CNDH es similar al de Ecatepec, donde el auto gobierno y cogobierno son algunas de las irregularidades más notables que se observaron.
En el Juan Fernández Albarrán, de Tlalnepantla, no hay personal de seguridad y custodia para más de 3 mil 500 reclusos que están asignados a esas instalaciones, en las que también se presentan actividades ilegales permitidas por las autoridades penitenciarias.
En el penal de Huitzilzingo, en Chalco, se repite el mismo patrón que en los de Ecatepec y Neza Bordo, donde algunos internos tienen el control de varias actividades con la complacencia del personal administrativo.
Familiares de reclusos han denunciado que también se practica la tortura en contra de los que se niegan a entregar “cuotas”, a otros presidiarios que oscilan entre 3 mil y 5 mil pesos mensuales.
De ese lugar se fugó, en septiembre de 2016, un preso que aprovechó la falta de personal de vigilancia suficiente y deficiencias en el sistema de video cámaras.
Además las mismas condiciones de gobernabilidad que en las instalaciones de Ecatepec, Neza y Chalco encontró la CNDH en el centro de readaptación social de Cuautitlán.
La administración del gobernador Alfredo del Mazo, que inició el 16 de septiembre, dio a conocer un decálogo en materia de seguridad en el que incluye también mejorar el funcionamiento en las centros penitenciarios de la entidad.
“El objetivo es la reinserción social, el trabajo de inteligencia es sistematizar, clasificar y obviamente estamos buscando la reinserción social” dijo la titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Maribel Cervantes Guerrero.
Dentro del diagnóstico de los 22 centros penitenciarios que funcionan en el Estado de México, el gobierno estatal desarrollará un trabajo de inteligencia para establecer los grupos que operan dentro de cada uno, ordenarlos por delito, identificar patrones, organizaciones y detectar la comisión de crímenes desde su interior, pues la mayoría de las extorsiones en el país se realizan desde las cárceles.
Las autoridades buscan que en los reclusorios mexiquenses realmente exista una rehabilitación integral, sobre todo de los internos que enfrentan delitos de alto impacto como homicidio, secuestro y extorsiones, similares a los que han aparecido en los videos que se han difundido en las redes sociales en los últimos días.
