Toluca, Méx.— Un gran cúmulo de irregularidades se detectó durante la aplicación de los recursos en 2019 en el Estado de México, tales como que en 35 de los 125 municipios se reportaron salarios mucho menores a los que realmente ganan los ediles, así como inconsistencias en diversos programas sociales como el Salario Rosa, aseguró la titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), Miroslava Carrillo Martínez.
En entrevista con EL UNIVERSAL, afirmó que las observaciones a la Cuenta Pública de 2019 de la entidad ascienden a 17 mil millones de pesos, de los cuales 15 mil millones de pesos corresponden a lo ejercicio por la administración estatal y 2 mil millones de pesos a los municipios auditados.
Si bien reconoció que es la primera vez que se hace una auditoría con esta calidad y perseverancia, entregar los resultados fue una labor “extraordinaria”, porque en tan sólo cuatro meses los trabajadores del órgano debieron revisar cajas de documentos para comprobar la información de las 547 entidades fiscalizables, entre dependencias estatales, los municipios y los órganos autónomos.
Precisó que los propios trabajadores en las diversas dependencias refieren que nunca les habían pedido detalles tan exhaustivos, no estaban acostumbrados.
Carrillo Martínez aseguró que fue una insistencia personal hacer accesible para la ciudadanía el informe, porque si bien su obligación es rendir cuentas a la Legislatura, “a quien primero debemos rendir cuentas, es a la sociedad en general”.
Además, subrayó la importancia de que la gente conozca las etapas después de señaladas las observaciones, pues de manera reiterada “nos piden a los responsables [de las observaciones], pero desde 2011, en México, lo primero es la presunción de inocencia. En ese sentido, agregó, es importante cuidar la información.
“Cuando vi los programas sociales con la duplicidad de beneficiarios y me mostró el trabajo el grupo piloto, dije: ‘la ciudadanía debe saber esto’, pero vamos a tener que esperar a que se den las investigaciones pertinentes. El OSFEM a quien audita es a la entidad, no a un servidor en específico”, aclaró la auditora.
Con base en la revisión, precisó que 28% de las administraciones municipales trató de ocultar la información sobre los ingresos de regidores, síndicos o directivos. Al cruzar los datos de los portales de transparencia con la nómina fue que identificaron la falta.
Afirmó que los ayuntamientos que subieron información pública de oficio a sus portales que no estaba actualizada. Se reportaba que una persona percibe 40 mil pesos mensuales de salario y en realidad gana 60 mil.
En algunos casos, enfatizó, este error incluye a los regidores, síndicos o los propios alcaldes y directivos. En la revisión, además, se observaron diferencias salariales entre regidores, a pesar de que debería ser el mismo pago de acuerdo a la ley.
Los municipios donde más casos se detectaron son Acambay, Jiquipilco y Teotihuacán, con 16 funcionarios con diferencias salariales entre lo indicado en transparencia y lo percibido.
Además de Otzoloapan, Ozumba, San Felipe del Progreso, Temascaltepec, El Oro y Jocotitlán, con más de 10 casos.
En Aculco, Almoloya de Juárez, Ayapango, Chapultepec, Chiautla, Cuautitlán, Hueypoxtla Ixtlahuaca, Jilotzingo, Otumba y Zumpahuacán encontraron entre dos y nueve funcionarios.
La Comisión de los Derechos Humanos estatal es una de las entidades fiscalizables y “desde que llegamos al OSFEM vimos la conveniencia de analizarla, porque si alguien dice que su hallazgo es cero, hay que dudar, porque debe haber algo, un error humano, pagar de manera indebida alguna gratificación”, explicó la auditora.
En este caso, dijo, hay un posible daño patrimonial por un monto de 2 millones de pesos.
Sin embargo, en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) el monto del daño es por 5 mil millones de pesos.
De acuerdo con el informe, se incurrió en falta de seguimiento de saldos en conciliaciones bancarias desde el ejercicio 2006 y se generó un probable daño patrimonial relacionado con el pago de multas y recargos generados por pago extemporáneo de impuestos.
En el documento se precisa que el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, Jorge Olvera García, en 2019 cobró tanto en la dependencia como catedrático de la UAEMex, algo que no está permitido. Tan sólo en ese año tuvo ingresos por 900 mil pesos, aproximadamente.
En lo que respecta al Salario Rosa, programa pilar del gobierno mexiquense, con 15 vertientes, afirmó que se encontraron diversas irregularidades, tales como que aparece una persona con el mismo nombre recibiendo los 15 apoyos.
También refieren que se dieron recursos a estudiantes con calificación de 7, cuando las reglas refieren que se debe otorgar a quienes saquen 8.
También encontraron duplicidad de beneficiarios en el programa de apoyo a jóvenes y tampoco existe certeza de que la ayuda económica y servicios se hayan destinado a la población objetivo y que el padrón de beneficiarias no es confiable.
“Esto fue hace dos años, debemos referir si estas recomendaciones sirven para que después cada entidad vaya mejorando sus métodos y que si se expiden reglas de operación o reglamentos, los cumplan”, apuntó.
Recordó que entre las acciones del OSFEM destacan las solicitudes de aclaración y observaciones. Cada entidad que fue revisada tiene 30 días para dar seguimiento y aclarar cualquier irregularidad que se haya detectado en la aplicación del presupuesto. Luego viene una etapa de análisis, para emitir un dictamen.