Integrantes del Cabildo de Nezahualcóyotl, encabezados por el alcalde Juan Hugo de la Rosa García , anunciaron que presentarán a la Legislatura una iniciativa para “abrogar” la nueva Ley del ISSEMyM , por considerar que “ viola gravemente” los derechos de los trabajadores.
Explicó que esta demarcación cuenta con 6 mil empleados, quienes estarían expuestos a perder sus ahorros, además del servicio médico para sus familiares, derivado de los cambios en la Ley de Seguridad Social, aprobada en la pasada legislatura.
Agregó que el decreto 317 publicado en la Gaceta de Gobierno el pasado 10 de agosto significa un retroceso, lejos de representar un avance en los derechos de los trabajadores, “quienes desarrollan las tareas de la administración y son a quienes hay que garantizarles una mejor calidad de vida”.
Indicó que desde su administración decidieron intervenir, pues las modificaciones en la legislación violentan los derechos laborales , porque el decreto incluye a los sindicalizados y personal de confianza, lo mismo para quienes prestan servicios a la población como es el caso de policías, trabajadores de la salud y maestros.
Dijo que más allá de incentivar a la base trabajadora, estos cambios los ponen en una situación precaria y les complica mejorar en la calidad de vida, que es lo anhelado por todos los mexicanos que se desempeñan en un trabajo por varios años, con la esperanza de poder llegar a la edad de retiro, con una seguridad económica.
Calificó como preocupante que por medio de esta ley, el gobierno estatal permita la entrada de las AFORES, pues las autoridades mexiquenses dejan de lado sus obligaciones, para poner los ahorros de los trabajadores en manos de terceros.
Recordó que suman un millón 120 mil derechohabientes, 55 mil pensionados y más de 600 mil dependientes económicos, quienes ni siquiera han sido informados sobre las repercusiones de la ley y el destino de sus ahorros, ya que a todos ellos les descontaron cada mes las cuotas correspondientes.
De la Rosa García señaló que tan sólo esta demarcación tiene seis mil trabajadores, por quienes se pagan 276 millones de pesos en cumplimiento de sus obligaciones, como corresponde a la administración que encabeza.
“No se puede culpar a los trabajadores de la situación crítica por la que atraviesa esta dependencia, si ellos entregan de forma regular sus recursos, pero no saben a dónde se fueron los fondos que por décadas han pagado”, reiteró.
Es por ello, precisó que la solicitud es para que se mantenga la ley anterior, en lo que se analiza nueva disposición, para retirar todos los puntos que resulten contra los trabajadores.
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