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Fiscalía indaga robo de 60 camiones de pasajeros

Empresarios acusan a presuntos normalistas de llevarse las unidades para participar en movilizaciones

03/10/2018 |01:47Claudia González |
Redacción El Universal
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Toluca, Méx.— La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició siete carpetas de investigación por los delitos de robo con violencia y daño a bienes, luego de que el fin de semana empresarios del transporte de pasajeros del Valle de Toluca denunciaron el robo de 60 unidades de la empresa Flecha Roja y TEO, por parte de presuntos estudiantes de la Normal Rural de Tenancingo Lázaro Cárdenas del Río.

Pedro Gómez García, director de operaciones de la empresa Flecha Roja, recordó que es una práctica frecuente, pues los presuntos normalistas les roban los camiones para emplearlos en manifestaciones por el aniversario de los 43 de Ayotzinapa, por el 2 de Octubre o cualquier otra protesta.

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En esta ocasión, las 60 unidades fueron robadas el viernes por la noche y hasta el momento no han regresado los operadores, con quienes tampoco pudieron comunicarse. “De ellas tenemos al menos 30 unidades destrozadas, documentamos con video cómo fue que los supuestos normalistas golpearon parabrisas y cristales de los autobuses”.

Debido a este robo, mencionó, actualmente redujeron a 50% el servicio hacia Ixtapan de la Sal, Tenango, Tenancingo, Morelos, rutas en las que diariamente se transportan entre 15 a 20 mil personas, en más de 150 corridas.

Gómez García añadió que en más de un año y medio presentaron hasta 200 denuncias por la sustracción de 350 unidades, por daño en bienes, por allanamiento, porque también ingresaron a las instalaciones de la empresa.

Precisó que los camiones los recuperan un mes o 20 días después que se los llevan, pero vandalizados, sin pantallas, asientos o con los cristales rotos. Además de las 57 que les robaron el fin de semana a Flecha Roja y tres más de la empresa TEO, al menos 30 están “destrozadas”.

Denunció que en lo que va de 2018 registraron una pérdida de hasta 20 millones de pesos por detener la operación del servicio, la privación ilegal de la libertad de los conductores, el robo del diésel y los daños a las unidades secuestradas.

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