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Toluca, Méx.— En el Estado de México hay trabas para materializar la Ley de Amnistía, específicamente por parte de los jueces del Tribunal Superior de Justicia que no quieren reconocer que hubo errores en el proceso judicial de algunos presos víctimas de violaciones a sus derechos desde su aprehensión hasta su sentencia, denunciaron familiares de 23 personas que cumplen sentencia por delitos de alto impacto que no pudieron acceder al beneficio.
Mujeres, entre quienes se encontraban madres, hermanas y esposas, se manifestaron frente al Palacio de Justicia, donde se raparon para entregar su cabello al presidente del Poder Judicial, Ricardo Sodi Cuellar, por ser “lo único material y valioso con lo que cuentan”.
Antonio Lara Duque, representante del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, denunció que el Poder Judicial fundamentó el rechazo de los expedientes porque son delitos de alto impacto, pero señaló que en la ley quedó estipulado que son sujetos al beneficio aquellos que, pese al delito por el que fueron sentenciados, obtengan el pronunciamiento por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), confirmando que hubo violación a sus derechos, como fue el caso de estas personas.
Detalló que la Codhem dejó claro que comprobaron que estas 23 personas fueron víctimas de la violación a sus derechos, e incluso, el organismo defensor entregó el documento correspondiente a los jueces, pero éstos se rehusaron a conceder este beneficio por “un orgullo mal entendido, pues creen que reconocer que hubo excesos y violaciones está mal”.
Lara Duque apeló a que el titular del Tribunal Superior de Justicia sepa que la ciudadanía le creyó y reclama creer en la justicia, puesto que entre los presos hay casos de jóvenes torturados que fueron incomunicados, aprehendidos por ser pobres, algunos indígenas y todos por ser morenos, comunes denominadores que los llevaron a la cárcel.
Casos
Daniel Plácido y Jorge Rivera Sánchez, de acuerdo con sus familiares, cumplen con todos los supuestos en la ley para recibir la amnistía, y pese a confiar que lo lograrían, pues llevaban un avance significativo en el trámite y contaban con el respaldo de la Codhem, ambos asuntos fueron cancelados.
Las dos familias reciben asesoría del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, quienes realizaron el trámite ante el Poder Judicial, junto con otros 50 asuntos de presos por delitos de alto impacto, de los que hasta el momento 23 fueron rechazados, además de 100 por delitos menores, de estos últimos todos han sido liberados.
Karina Rivera Sánchez y Silvia Reyes Medina platicaron con EL UNIVERSAL en marzo, cuando entró en vigor la Ley de Amnistía en la entidad mexiquense, ambas coincidieron en que sus familiares serían los primeros beneficiados, incluso reconocieron que tras años de lucha, recibirían una “justicia que creyeron que no existía”. Ayer, ambas mujeres participaron en la protesta y entregaron su cabello.
Ven corrupción
Max Correa, diputado presidente de la Comisión de la Ley de Amnistía del Congreso estatal y promotor de la legislación, reconoció que aplicarla está siendo tentada por actos de “corrupción”, pues hay abogados que prometen este beneficio y muchas veces los reos ni siquiera son candidatos al beneficio.
Afirmó que la ley es perfectible, por lo que deberá valorarse si requiere algún cambio para su adecuada operatividad, pues a la fecha han ingresado más de mil 800 solicitudes, que deberán ser analizadas detalladamente, “la mayor parte llegan al Poder Judicial y una más a Codhem”.
