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Toluca, Méx.— Empresarios del transporte público adscritos a la Cámara Nacional de Autotransporte, Pasaje y Turismo (Canapat) en el Estado de México pidieron al gobernador, Alfredo del Mazo Maza, que no se deje amedrentar por grupos de irregulares y continúe firme con las medidas exigidas en la Gaceta Oficial para renovar las concesiones.
Odilón López Nava, dirigente de la organización que agrupa a 140 empresas con 39 mil concesiones de los valles de Toluca, México y Oriente, aseguró que los usuarios son víctimas de un servicio que está en manos de líderes que violan la legalidad, con vehículos piratas, que no cumplen con las especificaciones de seguridad, mecánicas, ambientales, tecnológicos, quienes someten a los concesionarios, operadores, para el cobro de “derecho de piso”.
Precisó que la adquisición de las herramientas de seguridad estipuladas en la Gaceta del Estado de México publicada el 20 de marzo pasado no rebasa los 6 mil pesos y, el plazo para quienes tienen vencidas las concesiones es hasta 2018. Tienen hasta mediados de año para inscribirse ante la Secretaría de Movilidad y firmar un compromiso de cumplimiento, incluida la renovación del parque vehicular, que les permite actualizarse hasta 2019.
Recordó que el propósito de los transportistas regularizados es dignificar su actividad, mejorar su imagen ante los usuarios y cumplir con el compromiso que tienen con la sociedad civil de ofrecer un servicio dignificado y seguro.
Agregó que de 190 mil concesionarios legalizados que hay en la entidad, 40%; es decir, 70 mil que tienen los permisos vencidos, no pueden alegar violaciones a sus derechos con las disposiciones impuestas porque trabajan en la ilegalidad.
Dijo que ésta es la oportunidad que tienen los trabajadores del sector para acceder a una concesión vigente, desafanarse de líderes que los someten, les capturan sus documentos, les retienen placas, “deben observar las nuevas obligaciones como la puerta para la tranquilidad sobre su patrimonio y su familia”.
López Nava alegó que si bien no es responsabilidad de los concesionarios velar por la seguridad de los ciudadanos, como reclamaron los empresarios del sector el viernes pasado en una conferencia de prensa, la realidad es que adquirir el GPS, el botón de pánico, las cámaras de videovigilancia sirve para prevenir los delitos, porque está demostrada la utilidad de dichos mecanismos de seguridad, para los cuales el plazo es hasta principios del próximo año.
El representante de los transportistas regularizados, afirmó que ya hay zonas de la entidad con subsidios al servicio, como Ecatepec, por lo que apeló a la igualdad de condiciones y no estar peleando el servicio con irregulares donde se cometen la mayor parte de los delitos.
Recordó que entre los irregulares la antigüedad de sus unidades es de 30 años o más, sobre todo los microbuses del Valle de México, combis y taxis en el Oriente de la entidad.
“En el Valle de Toluca hay 4 mil autobuses en promedio, el 100% tiene actualizadas sus concesiones, sólo está pendiente la compra de cámaras y GPS, el grave problema está entre los taxistas que son los más irregulares”, apuntó.