Jesús Trigos Rodríguez, presidente de la Asociación de Verificentros del Valle de Toluca, dijo que a raíz de la contingencia ambiental declarada en 16 municipios de la región que representa reflejaron un incremento de entre el 10 y 20% en la actividad de los verificentros.
“En Toluca muchos de los verificentros tenemos capacidad para atender (una demanda mayor). Ha aumentado un poco la asistencia, precisamente por lo que está haciendo el ayuntamiento de Toluca. Pero hoy es muy importante que todos contribuyamos y verifiquemos”,
aseguró.
Añadió que a partir de publicada la obligatoriedad de esta medida en la Gaceta de Gobierno del Estado de México en junio del 2018, los empresarios del sector identificaron un crecimiento en la afluencia, ya que “muchos respondieron al ordenamiento” sobre todo a finales del año pasado.
Explicó que la gente acudió a realizar este trámite a partir del martes, cuando fue declarada la contingencia, también a raíz del reinicio de los operativos de tránsito en Toluca y Lerma para retirar unidades que no cuentan con el holograma.
Reconoció que el gobierno municipal de Toluca realiza un gran esfuerzo, con quienes esta asociación busca realizar una mesa de trabajo en la que también participen los talleres mecánicos y los transportistas, para crear una conciencia sobre la importancia de tener afinados los vehículos, en tiempo y forma.
Detalló que comúnmente las unidades no pasan la verificación por los catalizadores, los sensores de oxígeno o bien que no realizaron los mantenimientos adecuados, también porque el OBD2 no está activado de todos los sensores y hay un problema de no lectura, esto último es una normativa que intenta disminuir los niveles de contaminación producida por los vehículos a motor.
Por su parte, automovilistas entrevistados dicen que se rehúsan a verificar porque deben pagar la tenencia; además aseguran que no fueron notificados por las autoridades con tiempo.
Los conductores de taxis coinciden en que los patrones o propietarios de los autos son los responsables de cumplir con esa normatividad; sin embargo, para ellos es la afectación, pues sus ganancias diarias dependen de poder circular y ante la advertencia de que serán remitidos a corralón, están impedidos para salir a prestar el servicio de transportación.
Con base en la Gaceta de Gobierno, la multa asciende a mil 600 pesos, es decir, 20 días de salario mínimo, según la Norma NOM-167-SEMARNAT-2017 y lo estipulado en el Programa de Verificación vehicular obligatorio para el Segundo Semestre de 2018 (PVVO), aunque al pagarla el mismo día, hay un descuento del 70%. El arrastre tiene un costo de entre 2 mil 600 y 3 mil pesos.
lr.
