Con menos de dos décadas de vida, cuatro personas, una de ellas mujer, pasarán los próximos 60 años recluidos en un penal del Estado de México, luego de que un juez determinó en juicio oral una sentencia de seis décadas, al ser encontrados responsables del delito de secuestro en contra de un joven, que fue raptado en una tienda de la comunidad de San Andrés del Pedregal.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)
informó que un juez del Distrito Judicial de Ixtlahuaca dictó una sentencia condenatoria de 60 años de prisión en contra los responsables, luego de que el agente del Ministerio Público acreditó su participación en el delito de secuestro.
El 2 de agosto de 2016
, un joven fue secuestrado en una tienda de abarrotes ubicada en la comunidad de San Andrés del Pedregal , por dos personas, quienes lo sometieron, y por la fuerza lo subieron a un vehículo con cromáticas de taxi, en donde los esperaban sus cómplices.
En el juicio oral el Ministerio Público aportó pruebas que permitieron al juez dictar una sentencia condenatoria en contra de los cuatro jóvenes identificados como Juan Edel, David, Mariela y Edgar como responsables del secuestro de un empleado de una tienda de abarrotes.
Los secuestradores trasladaron al joven a un inmueble de la comunidad Emiliano Zapata , también en Ixtlahuaca, en donde lo mantuvieron cautivo, y luego se comunicaron con los familiares de éste, a quienes les exigieron un pago a cambio de liberarlo.
La FGJEM informó que días después, la víctima aprovechó un descuido de sus captores y logró escapar. Posteriormente acudió ante el Ministerio Público y denunció este ilícito, por lo que policías investigadores se encargaron de realizar diversas indagatorias que derivaron en la detención de las cuatro personas, en cumplimiento de una orden de aprehensión que fue girada en su contra.
Los cuatro fueron detenidos y quedaron a disposición de un Juez del distrito judicial de Ixtlahuaca, quien después de un juicio oral, les dictó la sentencia de 60 años de prisión además les fijó una multa de 5 mil días de salario mínimo y 600 días de salario mínimo como reparación del daño, aunado a que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.
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