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Toluca, Méx.— De las 14 empresas que fueron autorizadas por las secretarías de Movilidad del Estado de México y de Finanzas, como proveedoras de cámaras de videovigilancia, nueve fueron dadas a conocer por la dependencia a los prestadores del servicio de transporte público, quienes pueden abastecer con GPS, botones de pánico, además de cámaras de videovigilancia a los transportistas, dispositivos sin los cuales no podrán renovar una concesión.
Sin embargo, nueve de 28 empresarios del sector que firmaron el compromiso para adquirir el equipo en septiembre de 2017 a cambio de la autorización del alza en la tarifa por el gobierno estatal, se rehúsan a comprar los dispositivos, a pesar de formar parte de las disposiciones para renovar los permisos contenido en la Gaceta del 20 de marzo.
Las empresas autorizadas para vender los dispositivos son: Comercializadora Multilateral, Technology Vision Zurikato, INBUS, Gestión Vehicular, International Track de México, en la Ciudad de México.
Secure Tracking Media de México, en Huixquilucan; Vionyk Security Systems y Rastreo Satelital, ambas en Tlalnepantla; Sustenta Satelital, en Naucalpan. Así como, One or Zero, en Querétaro, y Localizadores Mexicanos, en Sinaloa.
Con base en información de la Semov, estas empresas fueron acreditadas como distribuidoras de los equipos tras cumplir con las certificaciones del gobierno federal y el C5, perteneciente a la Secretaría de Movilidad, a través del que serán monitoreadas las cámaras de vigilancia y reportadas las emergencias del botón de pánico.
Según las empresas, los montos varía según su capacidad y funciones, de los 5 mil a los 14 mil pesos el más costoso, aunque depende del número de equipos, se puede reducir también los seguros.
Los inconformes, quienes en su mayoría operan en el Valle de México, consideran que la seguridad de los usuarios es responsabilidad de las autoridades estatales, por lo que rechazan la normatividad que da seguimiento a los acuerdos del 8 de septiembre pasado, documento que incluye la firma de los líderes de las nueve empresas que el martes pasado organizaron una protesta que colapsó el tránsito por los valles de Toluca, de México y la capital del país.
Luis Alejandro Bernal, del bloque de Transportistas Del Valle de Toluca, explicó que el costo del equipo asciende a 30 mil pesos, más una renta mensual para conectarse a internet y ser vigilados desde el C5.
“Es que no nos parece justo que nos digan que somos los responsables de asegurar el viaje de los usuarios, porque es similar a que el alcalde se deslinde de la seguridad o vigilancia de las viviendas, porque sus habitantes deben comprar los instrumentos para mantenerse seguros, vigilarse entre sí”, afirmó.
Los inconformes son: Axel García Aguilera, Asesor General Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexica; Vicente Álvarez Delgado, presidente de la Confederación de Organizaciones Campesinas Empresariales Económicas y Productivas (COCEEP).
Arturo Robles Herrera, presidente de la Administradora de Transportistas y Sitios del Estado de México; Hipólito Colín Zamora, presidente de la Unión de Transportistas de la Ruta-25 y Representante Del Grupo Tlalnepantla.
Juan José Sánchez Peláez, presidente de Transcomunicador Mexiquense; Jaime Soberanes Medina, presidente de Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexica; Luis Alejandro Bernal Sánchez, representante Legal Del Bloque de Transportistas del Valle de Toluca, Sociedad Cooperativa.
Además de Leobardo de La Luz Avalos, vicepresidente Del Bloque de Transportistas del Valle de Toluca, Sociedad Cooperativa.
En septiembre de 2017, el gobierno estatal aprobó un ajuste a la tarifa de siete a 10 pesos, y en el transporte articulado que opera en la zona oriente de la entidad, elevó un peso el costo.