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Ocoyoacac, Méx.— Los integrantes de los Bienes Comunales de San Jerónimo Acazulco, en el municipio de Ocoyoacac, rechazan ser los responsables del aplazamiento de la construcción del tren Interurbano México-Toluca, como los acusó Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en un comunicado que emitió el viernes advirtiendo que el bloqueo de estos comuneros impedirá entregar la obra ejecutiva en mayo, como estaba comprometido.
Santiago Pérez Alvarado, representante jurídico de los habitantes de Acazulco, afirmó que no demandan más dinero por la indemnización correspondiente al derecho de vía, sino la desocupación de las 42 mil hectáreas extraordinarias a los 172 mil 292.47 metros cuadrados que convinieron en un acuerdo previo con la SCT.
En el paraje mencionado, detrás del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), a la altura del kilómetro 32 de la carretera México-Toluca en dirección a la Ciudad de México, se encuentra sin resguardo tanto de la fuerza pública como de los comuneros de San Jerónimo Acazulco, quienes se disputan una franja de la tierra por donde atravesará la vía del tren.
“Son varios puntos los que tenemos que analizar y la gente, tras leer el comunicado emitido por la dependencia federal el viernes, se reunió a las 01:00 horas del sábado para valorar la respuesta, pero las acciones serán presentadas hasta el lunes 23 de abril”, informó.
Dijo que el boletín que emitió la SCT admite el aplazamiento de la obra, pero, sostuvo, omitieron decir que durante tres meses personal quiso establecer una mesa de negociación porque, acusa, fingían un diálogo pero tenían la finalidad de retomar los trabajos y dijo que había “un garrote detrás” porque querían mandar a la fuerza pública.
“Ellos promovieron con el amparo 109/2018, la intervención de elementos de seguridad, pero el acuerdo del juez de amparo dice no a lugar a lo solicitado en virtud de que no existe sustento para esa petición”, precisó.
Recordó que los pobladores de Acazulco no se oponen a la construcción del tren y el desarrollo, por el contrario, vendieron tramos de su tierra, pero piden que no sean violados sus derechos ni les arrebaten sus predios.
En este sentido, recordó que a principios de año realizaron un recorrido con personal de la SCT, el gobierno del Estado de México y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde demostraron que ampliaron la construcción, dañando hectáreas de siembra, además de perjudicar cuerpos de agua que abastecen a una comunidad de aproximadamente 40 mil personas.
“Nosotros mostramos a los trabajadores de la dependencia federal que había un uso indebido de metros que están tomando de más, pero los ingenieros mismos de la empresa y la SCT lo reconocieron. Pero bajo el pretexto de que es la obra del presidente, pretenden intimidar a la gente y de eso no se trata”, agregó.
Consideró que está mal asesorada la dependencia cuando señala que el amparo de los comuneros, interpuesto el 19 de enero se sobreseyó, porque ello no implica que está desestimado. Apuntó que el asunto no está terminado, la muestra es que pidieron la intervención de la fuerza pública a pesar de que no hay impedimento alguno por parte de la gente para que continúen laborando.
El representante legal anunció que la población está indignada porque aunque los llamaron para una mesa, el gobierno federal a través de la SCT promueve el uso de la fuerza pública y los acusan de pedir más dinero.
Ayer, la SCT informó que los trabajos para el Tren México-Toluca pueden retrasarse por este conflicto con los comuneros.