metropoli@eluniversal.com.mx
Toluca, Méx.— El doctor en derecho José Óscar Valdés Ramírez informó que a partir de la publicación de la ley del ISSEMyM en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, buscará amparar a 3 mil 300 maestros y evitar que resulten afectados con las reformas al sistema de pensiones promovidas por el gobierno estatal.
“En el caso del amparo es en dos vertientes; hay una jurisprudencia que te permite que no migres a este sistema si te conviene más el anterior. Este sistema nuevo sólo conviene a la gente joven que comienza a cotizar, pero a quien le quedan cinco o seis años de trabajo, no podrá aportar lo suficiente”, especificó.
Explicó que junto con Luis Zamora, secretario general del Sindicato Único de Maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM), analizan las opciones jurídicas para defender a los trabajadores y docentes que no quieren cambiar al nuevo esquema de jubilaciones que prevé la contratación individualizada de Afores, a la que el trabajador deberá hacer aportaciones voluntarias del 15.26% de su salario.
Precisó que la ley no es específica en relación a las repercusiones en caso de incumplir con el pago a las Afores, pero deja entrever que al empleado le serán cancelados los derechos a recibir atención médica en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), siendo una de las principales lesiones a sus derechos.
Aunado a ello, destacó que los salarios de los trabajadores son bajos; sin embargo, deberán depositar “casi el 16% de sus ingresos a los bancos para alcanzar ahorros útiles para su retiro, Afores que cobrarán por el manejo de cuentas, porque no son madres de la caridad, sino empresas bancarias que establecen cuotas por los movimientos y significan un gran negocio, pero no a favor de los empleados del sector público”.
Agregó que con base en el análisis de la Ley de Seguridad Social propuesta por el Ejecutivo mexiquense y aprobada por el Congreso estatal, a pesar de que el director general del ISSEMyM subrayó que no habrá repercusiones contra la base que no migre al nuevo sistema, al momento en que un empleado decida jubilarse, puede argumentar “que la institución que no tiene dinero”.
Por lo anterior, enfatizó la importancia de que la Universidad Autónoma del Estado de México, además de los ayuntamientos, cubran los adeudos con la institución, pues la UAEM debe 3 mil millones de pesos, dinero descontado a los trabajadores, pero que no fue pagado al organismo estatal.