Toluca.- Con el voto a favor del PRI y Morena, en comisiones legislativas del Congreso del Estado de México avanzan las reformas al Código Penal estatal para prohibir y sancionar las terapias de conversión sexual hasta con tres años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo a favor de la comunidad y de 50 a 200 días de multa.
Fueron los diputados del PAN los únicos que votaron en contra de esta propuesta que ingresó al pleno desde hace varios meses, impulsada por la Asociación Civil Fuera del Clóset, a través de la diputada de Morena, Beatriz García Villegas y que busca modificaciones al artículo 211 del Código Penal, contra quienes ofrezcan, promuevan o imparta terapias de conversión para tratar de corregir la orientación sexual de las personas a través de tratamiento, pues muchas veces se utilizan golpes, la privación de la libertad, electrochoques, castigos y hasta violaciones.
Mariana Uribe, legisladora de Morena, indicó que la discriminación contra la comunidad LGBTTTI es cotidiana y de acuerdo a una encuesta, 24% de mexicanos no estaban dispuestos a vivir con personas de diferente religión, en tanto que 44% en el caso de una persona homosexual.
“Estoy en contra de los llamados esfuerzos para corregir la homosexualidad. Estas prácticas generan confusión y rentan en contra de la autonomía y dignidad de las personas”, destacó.
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Señaló que la homosexualidad es una variación de la sexualidad humana y cualquier intento que busque cambiarla debe desalentarse o prohibirse.
Ricardo Torres, presidente de Fuera del Clóset A.C. aplaudió la aprobación del dictamen, pues recordó que tienen comprobado la operación de presuntas instituciones de asistencia mental, además de psicólogos y otros servicios que aseguran terapias para “quitar la homosexualuidad”.
“Esta iniciativa se suma a otras que se han impulsado en cinco entidades del país, siendo la Ciudad de México en aprobarla, que es muy importante, pues en el aparttado de discriminación quedará estipulado que se castigue a quien promueva este tipo de tratamientos”, resaltó.
Explicó que cuando se trate de menores de edad, la pena se elevará a seis años de prisión, una precisión que calificó como “muy importante”, porque lo que han documentado en la entidad es que son sobre todo menores de edad las víctimas de estas personas que recetan antidepresivos, un caso de “violación correctiva” de una menor de edad lesbiana.
“En este primer semestre del 2020 detectamos un caso en Santiago Tianguistenco en donde lo llevaron a una terapia de este tipo para corregir su orientación sexual. Lo malo es que quienes llevan a las víctimas del supuesto tratamiento, son sus familiares y es por ello que a veces no se denuncian”, reconoció.
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