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Toluca, Méx.— El secretario de Justicia y Derechos Humanos mexiquense, Rodrigo Espeleta, reconoció que endurecer las penas para combatir el robo en transporte público sólo será útil si hay denuncia de las víctimas de este delito.

En entrevista con El UNIVERSAL, el funcionario aseveró que las reformas presentadas ante el Congreso local —que buscan elevar la pena de cárcel hasta 15 años por este tipo de robo— forman parte del engranaje para reducir los crímenes a partir del ordenamiento del transporte público.

Sin embargo, aseveró que para lograr condenas en contra de los delincuentes es imprescindible que la personas afectadas acudan ante el Ministerio Público a presentar la denuncia correspondiente. “No es la solución definitiva al problema, es necesario trabajar de forma paralela en otros frentes, pero sí es un elemento fundamental que los tipos penales se ajusten a la gravedad del acto y, como ha ido en aumento [el robo], pensamos que con esta reforma, más la profesionalización de los cuerpos de seguridad y los de prevención, la adecuada coordinación con la fiscalía, aunado a los operativos con la Secretaría de Movilidad, tendremos mayores elementos para combatir de forma efectiva estos ilícitos”, explicó el secretario.

Comentó que de acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el robo a transporte público no baja de los 2 mil por año, lo que obligó a la propuesta del endurecimiento de las penas, por ello “la reforma puede ser un elemento de prevención, si, efectivamente, tiene elementos disuasivos”. Con las reformas propuestas por el Ejecutivo al Código Penal y que deben aprobar los diputados, dijo, se buscan otorgar herramientas tanto a la fiscalía como al Poder Judicial mexiquenses para la aplicación de las penas.

Admitió la necesidad de que la población “no vea como una carga insuperable” acudir con las autoridades, para ello, adelantó, buscarán mecanismos más sencillos que sean parte del fomento a la cultura de la denuncia, sobre todo comprometer que no serán revictimizados y sí atendidos como debe ser en el Ministerio Público.

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