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El Estado de México tiene 665.7 denuncias de hechos establecidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) derivado de los 12 mil 234 millones de pesos pendientes de solventar de las cuentas públicas 2012-2018, de ellos, 9 mil millones de pesos corresponden al sexenio del ex gobernador Eruviel Ávila Villegas, según la información en la Cuenta Pública.
Con base en el manual del organismo, las denuncias son presentadas ante el Ministerio Público e implican responsabilidad penal por presumirse la comisión de un delito.
Aunque el diputado presidente de la Comisión Legislativa de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, Raymundo Guzmán Corroviñas (PAN), señaló que son iniciadas cuando detectan que los recursos destinados a una obra o programa fueron derivados a otro fin, aunque es necesario esperar a conocer las solventaciones y las explicaciones a cada caso señalado.
La ASF consideró que seis entidades se encuentran en situación de riesgo para cumplir el principio de sostenibilidad: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Colima, Oaxaca y Morelos, debido a que presentaron déficit en el balance presupuestario de recursos disponibles y en el balance primario de recursos.
Se proyectaron déficits en el mediano plazo en dichos balances y deterioro en algunos indicadores de solvencia.
Guzmán Corroviñas indicó que las observaciones podrían atribuirse a que el recurso no se ejerció a tiempo, fue contratado pero no ejercido o no concluyeron la obra en cuestión, por lo que habrá un periodo para que sean subsanadas.
Recordó que el año pasado las observaciones de la ASF eran de 12 mil millones de pesos y el monto se redujo a menos de 2 mil millones de pesos después de las solventaciones, por eso pidió esperar para conocer el monto final.
Añadió que incluso pueden ser problemas con la calendarización del gasto y de ser así, no hay responsabilidad administrativa o resarcitoria.
Las denuncias de hechos, explicó, proceden cuando la ASF detecta un desvío o dinero que tendría que ser destinado para un programa u obra pero fue gastado en otra.
“Hay que revisar qué tipo de montos son, porque si eso pasó, sí se estarían violentando las reglas de operación del gasto federalizado”, externó.
En la Cuenta Pública 2016 la ASF identificó irregularidades en particular en el caso de la revisión a la gestión financiera del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA Rural5) (auditoría 303-DE).
Se determinó que dicha asociación civil carece de capacidad técnica para prestar directamente los servicios requeridos por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del estado de Querétaro, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
Como consecuencia de lo anterior, INCA Rural subcontrató a proveedores pues no contaba con la capacidad técnica para prestar los servicios.
