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Toluca, Méx.— Patricio González Suárez, presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes del Estado de México (Asbar), denunció que el gobierno mexiquense pretende retomar el establecimiento de alcoholímetros dentro de locales que vendan bebidas alcohólicas, lo que significa un severo impacto económico para las 30 mil unidades en el territorio mexiquense, además de ser una estrategia poco útil para disminuir el consumo entre los clientes.
Refirió que hace unos días conocieron la intención del gobierno estatal para retomar la norma retirada hace tres años, en ese entonces la medida consideraba al menos un aparato por cada 30 comensales, por lo que se reunió con el titular de la Coordinación de Regulación Sanitaria y Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem) para exponer los motivos de su negativa.
“Nos dicen que reglamentan para no afectar al sector que consume en estos negocios, pero nuestra postura es que no estamos de acuerdo porque es mucho dinero lo que un pequeño negocio tendría que invertir, imagínese 15 a 20 mil pesos para un lugar de cuatro a seis mesas, suena prácticamente imposible”, precisó.
Explicó que sería una regulación a la Ley de Salud mexiquense, como parte de la estrategia para combatir la ingesta de bebidas etílicas; sin embargo, aseguró que tienen comprobado su poca o casi nula funcionalidad, toda vez que el costo por unidad de medición es de hasta 15 mil pesos, ya que debe tener la capacidad para arrojar el nivel de alcohol en la sangre, además pocos son los consumidores que lo emplean.
Recordó que como gerentes o dueños de los bares y restaurantes no pueden impedir que el consumidor se vaya a pesar de haber rebasado en la prueba los porcentajes de alcohol en la sangre, tampoco pueden obligarlo a realizarse la prueba, mucho menos a dejar su vehículo en el establecimiento a cambio de tomar un taxi.
“Es que podríamos incurrir en una serie de delitos, por ejemplo, si le pedimos que deje su automóvil o lo retenemos, pueden acusarnos de robo, si le impedimos salir del establecimiento, podríamos ser acusados de secuestro. Realmente es una medida incompleta porque no somos ninguna autoridad para aplicar irremediablemente la prueba”, afirmó.
Aunque el empresario desconoció si la nueva imposición conlleva una sanción para los negocios omisos, consideró sospechoso que haya una licitación para definir la empresa proveedora de las máquinas, pues estimó que implica ganancias por casi 450 millones de pesos para quien provea del mecanismo.