Toluca, Méx.— En el Estado de México, las mujeres víctimas de violencia familiar que denuncien ante el Ministerio Público ya no tendrán que irse a un refugio, pues a partir del 16 de marzo en sólo ocho horas —y no un mes—, un juez otorgará la medida de protección para que el agresor abandone la casa.
La entidad será pionera en facilitar a través de los juzgados en línea —que ya operan pero suman este procedimiento— el otorgamiento de medidas y órdenes de protección para mujeres, que solicitará el Ministerio Público sin tener que esperar una audiencia y con ello poner a salvo a las víctimas, sin despojar al hombre del bien sino se privilegiará la seguridad de la familia, detalló el presidente del Tribunal Superior de Justicia mexiquense, Ricardo Sodi Cuellar.
Se trata de una estrategia entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Secretaría de la Mujer, la cual obliga al agresor a acudir a clases de reeducación para corregir su comportamiento y modificar su conducta agresiva, misógina y machista. Podrá volver al hogar si la mujer así lo decide, luego de que un juez se lo permita.
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De acuerdo con Sodi Cuellar, para obtener la medida de protección, antes se tenía que fijar una audiencia y el juez resolvía entre siete días y un mes.
Ahora, a través del Juzgado Especializado en Órdenes de Cateo, Aprehensión y Medidas de Protección en línea, el juez en ocho horas deberá otorgarlas sin distinción de horarios porque trabajan todos los días del año, en turnos de 24 por 48 horas.
El presidente explicó que para ello no es necesario que la víctima tenga un abogado con firma electrónica, pero sí establecer una denuncia ante el Ministerio Público para que éste solicite la nueva disposición.
Durante 2020, con el confinamiento que inició en marzo ante la pandemia por Covid-19, en la entidad se reflejó un alza de 41.3% en los índices de violencia familiar, dijo el titular del Poder Judicial, lo que obligó a las autoridades a buscar alternativas para facilitar medidas de resguardo de las mujeres y sus hijos.
“Es una reacción al contexto de las familias, porque la violencia feminicida es la que debemos parar, tenemos que sacar al agresor del núcleo familiar para que los hijos y las mujeres no expongan su vida”, aseguró Sodi Cuellar.
La secretaria de la Mujer, Isabel Sánchez Holguín, calificó la medida como “integral”, pues servirá para prevenir la violencia de alto impacto, la feminicida.
Explicó que previo a esta modalidad, estaban limitados los derechos de las mujeres, porque una de las medidas en la ley es la separación de la víctima de sus hogares, lo que resulta revictimizante, pues además de estar inmersa en el círculo de violencia, todavía tenía que salir de su casa y “no sabemos si todas tienen una red de apoyo”.
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En 2020, el Poder Judicial mexiquense emitió 52 sentencias por feminicidio y atendió 400 asuntos por violencia, abuso y violación de mujeres.
“Se llega al feminicidio porque no se dictan medidas de protección a tiempo, es la violencia inmediata la que debemos frenar”, afirmó Sodi Cuellar.
Salir de casa no es opción
Para Alicia, maestra por la Universidad Iberoamericana, el día que solicitó la intervención de la policía porque se sintió en peligro ante la violencia que ejercía su pareja, lo primero que le ofrecieron las autoridades fue llevarla a un refugio, mientras que su agresor podía permanecer “cómodo dentro de su casa, con comida y ropa caliente”.
“Piensas en que lo poco o mucho que has generado lo inviertes en darle una casa digna a tus hijos, para que seas tú la que tiene que irse y llevarse a los niños. Entonces dije, ‘no, no me voy a ir porque la casa es mía’”, narró. Pudo quedarse porque presentó las escrituras a su nombre.