La suspensión de actividades en al menos medio centenar de madererías en la Ciudad de México, por parte de las autoridades locales, ha causado temor entre las familias dedicadas a este negocio, lo que las ha llevado a considerar el cierre definitivo de sus establecimientos, advirtió Carlos Iván López Meixueiro, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Maderera (Canainma).
En entrevista con EL UNIVERSAL, López Meixueiro mencionó que las últimas revisiones que se han hecho a madererías de la capital no han sido precisamente para determinar la legalidad de la madera que comercializan, por lo que no han sido cierres por tala clandestina —como se ha difundido recientemente— sino que se trata de suspensiones por cuestiones administrativas.
“Las revisiones son administrativas, ya que aún no existe o no es de nuestro conocimiento, que haya algún caso que en las madererías se haya cerrado por tala ilegal, hasta ahora no. Además, eso generaría un delito, y ya estaría alguien en el reclusorio. No ha pasado nada. Hasta ahorita cierran los negocios, pero no hay responsables de ningún tipo en materia penal, o sea, no hay nadie, ni en delegaciones detenidos, ni en el Ministerio Público, no pasa absolutamente nada. Sólo son suspensiones de actividades administrativas”, aseguró.
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El presidente de la Canainma advirtió que el cierre de estos negocios, que provoca un impacto en los bolsillos de cientos de familias, podría convertirse en un problema social, toda vez que la industria de la madera es un negocio esencial para la economía, no solamente para los tres mil establecimientos de este giro que hay en la Ciudad, sino a nivel nacional.
“Nunca nos las habían hecho. Y ahorita es grave, ¿no? Porque a lo mejor van más de 50 madererías con sellos. Pero hay otro gran número que no te sé decir que están cerradas por temor o por miedo y no están trabajando. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que se puede convertir en un problema social porque nosotros somos esenciales, de hecho somos estratégicos en la economía nacional”, indicó.
El pasado 10 de agosto, el jefe de Gobierno, Martí Batres, dio a conocer el cierre de 15 madererías que operaban de forma ilegal en las alcaldías Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Álvaro Obregón.
Estos cierres se dieron en el contexto de diversos operativos para combatir la tala clandestina en las zonas boscosas de la capital.
López Meixueiro consideró que la medida cautelar de cerrar un negocio resulta excesiva para las familias que deben seguir pagando renta de sus negocios o servicios —en ocasiones hasta por 20 días—, por lo que piden que se dé seguimiento a estos trámites con los establecimientos abiertos, para evitar afectaciones en la economía.
“Se nos hace excesiva esa medida cautelar por una cuestión administrativa, ya que nosotros nunca ha sido nuestra idea el darnos —como dicen por ahí— a la fuga, sino que somos un sector bien establecido desde hace años. Si hay algún permiso vencido o alguna tramitología que hacer, lo podemos hacer. Lo que estamos pidiendo es que se haga [con los establecimos] abiertos. ¿Por qué? Porque el origen de la mayoría de los negocios de la cámara son familiares y no tienen la capacidad para estar cerrados durante un tiempo prolongado”, concluyó.
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