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Tlalnepantla, Méx.— Las nuevas viviendas para damnificados del Chiquihuite “no serán pichoneras”, constarán de tres recámaras, sala y comedor en un área de 63 metros cuadrados para cada familia afectada, y serán entregadas en abril de 2023, informó Max Correa Hernández, legislador con licencia.
Por unanimidad, el Cabildo tlalnepantlense aprobó donar un predio de 4 mil 700 metros cuadrados ubicado en la Unidad habitacional El Risco, informó la regidora Teresa Garduño, para reubicar a cerca de 200 familias que resultaron damnificadas el 10 de septiembre de 2021 por el desgajamiento de rocas del cerro del Chiquihuite, que destruyeron una decena de casas, donde murieron dos mujeres y dos niños y propició el desalojo de cerca de 300 personas.
La decisión será enviada a la Legislatura, para que sean los diputados los que aprueben la desincorporación de un terreno municipal, para reubicar a cerca de 200 familias que viven en la zona de riesgo, indicó el legislador Correa Hernández.
En reunión con autoridades federales de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y del ayuntamiento de Tlalnepantla se presentó el proyecto para la construcción de las nuevas viviendas.
“Será un desarrollo vertical” de siete edificios distribuidos en el predio de casi 5 mil metros cuadrados, donde la Conavi invertirá de 38 a 40 millones de pesos en la construcción de las casas que planean entregar en abril de 2023, indicó el diputado con licencia, quien ha sido enlace entre los gobiernos federal, municipal y estatal para atender a los damnificados.
Tras el derrumbe de piedras de hasta 200 toneladas que destruyeron 11 casas, autoridades federales, estatales y municipales de Protección Civil ordenaron el desalojo de más de 200 familias, que en su mayoría vivieron fuera de sus viviendas por tres meses.
Por ello, el gobierno local que encabezó Raciel Pérez Cruz aprobó el pago de 5 mil pesos mensuales como apoyo para cubrir renta en los meses de octubre, noviembre y diciembre a las familias más afectadas y que tuvieron que dejar sus casas por el riesgo de nuevos derrumbes.
Este año, con la entrada del nuevo gobierno, que encabeza el alcalde Antonio Rodríguez Hurtado, ese apoyo para el pago de renta quedó eliminado y la mayoría de los afectados regresó a sus viviendas pese a que el riesgo de nuevos derrumbes está latente, reconoció el propio presidente municipal.
Por ello, se planea una estrategia para tener albergues emergentes, pues el riesgo de deslizamiento en torno al Chiquihuite permanece y se incrementará con el inicio de las lluvias y tormentas, reconocieron el alcalde y el legislador.
Además, autoridades federales realizan un diagnóstico de riesgo de los taludes de rocas de gran tamaño del Chiquihuite, así como de las bajadas de torrentes de agua de la Sierra de Guadalupe en época de lluvias, para delimitar zonas de riesgo.
Tras la tragedia del Chiquihuite, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció reubicación en viviendas dignas para los damnificados, “compromiso al que estamos dando seguimiento”, afirmó Correa al señalar que el cambio de gobierno municipal, que terminó con Morena, y al entrar una nueva administración del PAN-PRI-PRD, hizo necesario que se estableciera un vínculo para evitar que compromisos no se cumplieran.
