Nada bien cayó entre los diputados del partido Morena en el Congreso capitalino que su compañero Miguel Ángel Macedo se les adelantara con la presentación de la iniciativa para prohibir la venta de productos chatarra a los menores de edad, pero más que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la analizara. Nos dicen que ahora los morenistas José Luis Rodríguez, Isabela Rosales Herrera y Lourdes Reyes anunciaron que presentarán su propia iniciativa. Lo que más molestó es que había un acuerdo con este grupo para sacar la enmienda y analizarla con el propio Gobierno capitalino para tratar de sacarla juntos en el próximo periodo ordinario de sesiones y resulta que ahora los rebasaron por la izquierda.
Los diputados locales están más que preocupados porque la secretaria de Finanzas, Luz Elena González Escobar, se está cobrando a lo chino las aportaciones que prometieron hacer para atender la pandemia por el coronavirus que afecta a la Ciudad y que suman 400 millones de pesos. Resulta que habían convenido pagar en el último trimestre, pero a partir de este mes Finanzas ya les comenzó a recortar los recursos, por lo que estarían en riesgo el pago de muchos servicios, incluso hasta las propias prerrogativas de los 66 legisladores. Lo peor, nos dicen, es que el tesorero del Poder Legislativo no sabe nada o hace como que no sabe, pero a la hora de pagar no será el único que se truene los dedos para cubrir los adeudos. Alguien tendrá que preguntar por qué no se respetó lo pactado y les pegan donde más les duele.
Nos dicen que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) no dará prórroga a las 546 entidades fiscalizables de la entidad, quienes deberán entregar a partir del próximo 28 agosto los informes mensuales de enero a julio del actual ejercicio. Por la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 se suspendieron las actividades en todos los ámbitos de la vida pública, entre ellas la presentación de los informes de los recursos que ejercen todas las dependencias estatales y municipales mexiquenses. El OSFEM, que encabeza Miroslava Carrillo, estará atento a que no haya irregularidades en la aplicación de las partidas presupuestarias, porque en caso de que eso ocurra se sancionaría a los funcionarios responsables de malversación de fondos. Todos están obligados a rendir cuentas.