El pleno del Congreso de la Ciudad de México, en sesión virtual, oficializó un acuerdo para no sancionar a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por haber violado la ley durante el pasado proceso electoral.
Y es que, a decir de los morenistas y sus aliados, no tienen facultades para sancionar a la mandataria capitalina, tal y como lo mandató la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
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Hace unos meses, esta Sala Regional acreditó que Sheinbaum Pardo vulneró de los principios de imparcialidad y neutralidad durante el Proceso Electoral Local 2021-2022 en Quintana Roo, Tamaulipas, Durango, con sus visitas durante las campañas, y que además calumnió al calificar como “traidores a la patria” a diversos legisladores federales, por lo que dio vista para Poder Legislativo local para aplicar las sanciones correspondientes.
No obstante, la mayoría morenista que integra la Mesa Directiva del Congreso local decidió no aplicar ninguna sanción y hoy se oficializó este acuerdo ante el pleno, pues, a decir Gerardo Villanueva, no pueden aplicar “pena sin ley” a alguien si un superior jerárquico.
“Yo propuse, en base a fundamentos jurídicos, que el Congreso no cuenta con el respaldo de una norma que específicamente encuadre la sanción aplicable a la conducta de la infracción acreditada en cada una de las sentencias referidas”, sostuvo.
Este argumento se fundamenta en el propio acuerdo, el cual señala que, si bien es cierto que el artículo 449 de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales prescribe las infracciones atribuibles a las personas servidoras públicas, no precisa cuáles serán las sanciones que habrán de imponerse a las personas servidoras públicas, respecto de las infracciones que pudieran actualizarse en este contexto.
Al respecto, la coordinadora de Morena en el Congreso, Martha Ávila, destacó que sería irresponsable aplicar una sanción a la mandataria capitalina cuando es todavía discutible la posibilidad de interponer medios de defensa “y aún hay recursos pendientes sobre estos casos en las instancias electorales federales”.
Ante esto, Daniela Álvarez, del PAN, argumentó que hay tesis en donde se señala que, ante la ausencia de normas específicas, los congresos de las entidades federativas son los órganos competentes del Estado para sancionar a servidores públicos sin superior jerárquico, como lo es la jefa de gobierno.
De igual forma, lamentó que el presidente de la Mesa Directiva, el priista Fausto Zamorano, se preste a este “alazo, estilo Polancaso” para querer tapar las irregularidades de la jefa de gobierno.
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Ante esto, Zamorano Esparza respondió que su conducta ha sido imparcial “y única y exclusivamente resultado de la determinación de la mayoría en cada caso, porque no olvidemos que las decisiones de la Mesa Directiva son colegiadas”.
Por último, el diputado del PRD, Jorge Gaviño, recordó que las facultades para sancionar sí existen y están en el artículo 65 de la Constitución de la Ciudad, el cual señala que existe la posibilidad de analizar la responsabilidad política de cualquier servidor público electo democráticamente como diputados, alcaldes y claro, la o el jefe de gobierno en turno.