Luego de la gresca registrada en el Congreso de la Ciudad de México, ayer la diputada local panista América Rangel presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra tres integrantes de la comunidad LGBTIQ+ a quienes acusa de supuestas amenazas, aunque los legisladores desistieron de presentar acciones legales por los destrozos hechos al recinto.

En su denuncia señala a Victoria Sámano, Paulette Slava Cárdenas y Alaín Pinzón; las dos primeras fueron quienes ingresaron al recinto por la fuerza.

América Rangel comentó que desde el martes cuenta con protección policial por las amenazas, incluso de muerte, que ha recibido. “Desafortunadamente ayer [martes] 16 personas vinieron al Congreso, dos entraron a violentar, yo considero que el diálogo es la mejor forma de poder sacar los temas, y si bien no se avanza, no se está de acuerdo, se desecha. Lo que sucedió es inaudito, sobre todo, porque poner en peligro la vida de seres humanos y el diálogo siempre debe prevalecer”, dijo.

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Aclaró que la denuncia la presentó a nivel personal, y precisó que su iniciativa para prohibir las operaciones de cambio de género en menores de edad es a favor de la niñez, por lo que no la van a doblegar. Destacó que recibió una llamada del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, quien le ofreció seguridad personal.

Confió en que la fiscalía hará la investigación correspondiente y dará los resultados pertinentes “para que se castigue lo que se tenga que castigar”.

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Sin acciones legales

Los diputados cambiaron de opinión y ayer acordaron que no levantarán denuncias penales por los destrozos en el Congreso.

Luego de la irrupción de las manifestantes, la coordinadora de Morena, Martha Ávila, señaló que se levantarían las denuncias penales correspondientes por los vidrios rotos, pintas y lesiones, pues “ahí estaban los videos”. Sin embargo, este miércoles los coordinadores parlamentarios acordaron no emprender acciones legales penales por este hecho.

Lo único que se hará, precisó la morenista, será levantar un acta para que se pueda cobrar el seguro.

Por separado, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México dio a conocer que de momento cuenta con dos carpetas de investigación, por lo que se indagan los hechos.

La primera es del Congreso que se inició por daños y afectaciones económicas en contra de quien resulte responsable; la segunda, de parte de los manifestantes e integrantes de la comunidad LGBTIQ+, quienes denunciaron lesiones y agresiones.

Al respecto, el Sindicato de Trabajadores del Congreso local solicitó a las autoridades legislativas garantizar la salud y seguridad del personal.

En un pronunciamiento, comentaron que las autoridades del Congreso deben establecer las medidas preventivas en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, a fin de evitar accidentes y riesgos laborales dentro y fuera de las instalaciones del recinto legislativo.

El coordinador de los diputados locales del PRI, Ernesto Alarcón, mencionó que impulsará en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) un acuerdo entre las diferentes bancadas para moderar el discurso de odio, aunque, añadió, en este tema cada quien pone los límites de acuerdo a su conveniencia.

Ayer, trabajadores de mantenimiento del Congreso local comenzaron con la sustitución de los vidrios en puertas y ventanas que fueron rotos durante la manifestación violenta encabezada por mujeres trans. Con información de David Fuentes

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