Por la presunta violencia política de género, violencia institucional, intimidación y menoscabo en sus derechos políticos-electorales, la diputada local del PRI, Tania Larios Pérez , denunció ante el Instituto Nacional Electoral (INE) al presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Héctor Díaz Polanco , de Morena.
Además, acusó al grupo parlamentario de Morena que al pretender acortar los tiempos de intervención y de debate, los demás grupos y asociaciones parlamentarias decidieron abandonar el recinto legislativo, por los hechos ocurridos en la sesión ordinaria del pasado 24 de febrero.
Con base en el expediente UT/SCG/CA/TNLP/CG/85/2022, quedó establecido que la priista narró en su queja que durante la sesión ordinaria de ese día, solicito la palabra para pedir la ratificación del quórum, “pero fui ignorada en principio y, posteriormente, el presidente de la Mesa Directiva, insistir en que me diera la palabra, lo hizo de mala gana”, dijo.
Por ello, acusó que “es evidente que impidió mi derecho a voz en igualdad de condiciones, obstaculizando arbitrariamente mis funciones como diputada y violando normas jurídicas”, denunció la legisladora del tricolor.
Asimismo, señaló la quejosa, “lejos de darme la palabra, el presidente de la Mesa Directiva se la dio otra integrante de su grupo, Morena, y al concluir la intervención de está, el presidente de la Mesa Directiva declaró un receso, sumando así una nueva negativa hacia mi persona, al ejercer mi derecho como diputada”, insistió.
De todo ello, la denunciante anexó una USB, con el sonido de la sesión y con el que fundamenta su dicho, “y con esa evidencia queda claro la negativa de mi derecho a solicitar la rectificación de quórum”, sostuvo Larios Pérez.
Además, dijo, “está acreditada la violencia institucional y la agresión verbal, porque el acusado alzó la voz y me afectó psicológica y físicamente, porque, también, me tomó del brazo sin mi consentimiento, con lo que menoscabó mis derechos político-electorales”, enfatizó.
Ante ello, solicitó las correspondientes medidas cautelares, consistentes en la prohibición al denunciado de realizar conductas de intimidación contra ella o hacia otras legisladoras sin distinción del partido.
Sin embargo, el INE se declaró incompetente para conocer los hechos, por lo que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, que conoció de la queja, consideró que los hechos denunciados no son competencia de este organismo.
Dicha autoridad estableció que de la lectura integral de la denuncia, “se advierte que no obstante la denunciante aduce violencia política en su contra por razón de género, señalando la afectación de sus derechos políticos electorales, estos los sostiene en la negativa a su derecho de solicitar la ratificación de quórum y a concederle el uso de la voz”, respondió el INE.
También, alega que existió violencia institucional, agresión verbal psicológica e, incluso, física, al tomarla del brazo sin su consentimiento, lo que tampoco es competencia del INE para resolver.
Con base en los hechos expuestos, este organismo estableció que la competencia para conocer los actos imputados, corresponde a los diputados locales. De allí que el expediente fue turnado al Congreso capitalino, “sin prejuzgar sobre la existencia o no de una afectación a la esfera de derechos de la denunciante”, enfatizó.
rcr