La diputada local Silvia Sánchez Barrios propondrá que el Gobierno de la Ciudad de México, alcaldías y órganos autónomos deban contratar obligatoriamente a personas transgénero, travestis y transexuales.
A través de una iniciativa, que presentará en los próximos días, busca que del total de los empleos en la administración capitalina, se deba contemplar al menos el 2% del total de las contrataciones a personas transgénero, travestis y transexuales.
Propone que la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, la de Inclusión y Bienestar Social, la Escuela de Administración Pública, y el Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México, capaciten a estas personas de la comunidad para el desempeño de las funciones que sean requeridas, de acuerdo a los intereses de las personas trans.
De igual forma, su iniciativa contempla que en los meses de octubre la Secretaría del Trabajo envíe al Congreso de la Ciudad de México un informe en el que se señalen el número de personas transgénero, travestis y transexuales contratadas en cualquier modalidad, las convocatorias realizadas y en su caso, la explicación del porqué no se han alcanzado los porcentajes establecidos de contratación, así como las acciones propuestas para alcanzar dichas metas.
En su propuesta argumenta que el 95% de las personas trans en México están desempleadas.
“De cada 100 ciudadanos económicamente activos sólo cuatro están desempleados; y por el otro lado, de 100 miembros transgénero, transexual y travesti, 95 se encuentran desempleados. Esto visualiza la brecha, el estigma y las barreras existentes que perpetúan las condiciones de exclusión social y económica que impiden la libre determinación de los ciudadanos”, argumentó la legisladora.
Esta iniciativa ejemplifica que varios países de la región han implementado este tipo de medidas, por ejemplo, en Uruguay en junio de 2017 se aprobó la Ley Integral para Personas Trans, que da un resarcimiento económico a víctimas de represión y acoso durante la dictadura que prevaleció en ese país durante los años 1973-1989, y contempla medidas de identidad legal, salud física y mental, así como inclusión en el mercado laboral.
En tanto, en Argentina, en junio de 2021, se aprobó el decreto 721/2020 que da incentivos fiscales en el sector privado y establece un cupo de trabajo de 1% del total de cargos en los tres poderes del Estado para personas travestis, transexuales y transgénero.
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