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Las negociaciones entre las autoridades capitalinas, federales, la dueña del Colegio Enrique Rébsamen Mónica García Villegas, y los padres de familia víctimas del derrumbe de dicha escuela ocurrido el 19 de septiembre de 2017, permanecen atoradas.

Desde julio pasado, ante el juez Tercero de Distrito en materia Civil se realizó una audiencia de conciliación en la que no fue posible llegar a un acuerdo sobre las medidas de no repetición y la indemnización que reclaman los padres de familia por el derrumbe que provocó la muerte de 26 personas, nueve de ellos menores de edad.

La audiencia se realizó en el expediente de la acción colectiva tramitada desde el 24 de abril de 2018 por los padres de familia en la que demandaron al Gobierno de la Ciudad de México, a la alcaldía de Tlalpan, a la Secretaría de Educación Pública (SEP), a García Villegas, a su papá y a su hermano.

“Estamos demandando a la dueña del colegio, Mónica García Villegas, como a algunos miembros de su familia que son socios o que participaron en los procesos de verificación de la escuela y estamos demandando conjuntamente la responsabilidad patrimonial del Estado por actuaciones de funcionarios de la entonces delegación de Tlalpan, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México y la Secretaría de Educación Pública (SEP)”, indicó Julio Gutiérrez, abogado de los padres de familia.


 

Explicó que las pláticas de conciliación con el gobierno capitalino, encabezado por Claudia Sheinbaum y con la SEP, continúan. “Se pidió que se realice una revisión exhaustiva y técnica de las estructuras de los colegios, que es algo que no se había hecho y que es una de las razones por las que había un colegio cuya estructura era irregular y por eso colapsó, se está pidiendo que sea el gobierno, a través del Instituto de Seguridad de las Construcciones y la Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto de Infraestructura Física Educativa”, explicó.

“No se ha llegado a un convenio en la forma, en el cómo y en el cuándo se va a realizar esta revisión. Es muy importante porque los papás quieren que su caso contribuya a que no vuelva a ocurrir algo similar”.

Con relación al monto por responsabilidad patrimonial del Estado, el abogado explicó que el gobierno no ha podido determinar cuál es la cuantía con la que debería indemnizar a los padres por el daño ocasionado.

El juez ordenó abrir la etapa de pruebas en la que están pendientes periciales en ingeniería estructural, para acreditar que la estructura del colegio era irregular y no cumplía con la normatividad, y han sido exhibidas algunas documentales sobre los expedientes administrativos que tiene la alcaldía de Tlalpan.

El abogado confió en que a más tardar a principios de año el asunto quede resuelto.

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