Tras la aprobación en comisiones del dictamen para despenalizar por completo el aborto en la Ciudad de México, ahora este tema deberá ser analizado y votado en el pleno.
De acuerdo al artículo 118 del Reglamento Interno del Congreso local, la Junta Directiva de cada comisión deberá circular a las y los diputados integrantes de la misma, en formato electrónico, en un plazo máximo de 48 horas a partir de su aprobación, el dictamen que se enviara a la Coordinación de Servicios Parlamentarios mismo que a su vez enviara de manera inmediata una copia a la presidencia de la Mesa Directiva y a la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a efecto de que acuerden su inscripción para su discusión y eventual aprobación en el Pleno.
Esta inscripción podría darse este mismo jueves, como ocurrió la semana pasada cuando se aprobó el lunes en comisiones el dictamen sobre la licencia permanente, y el jueves se avaló en el pleno.
Para aprobar este dictamen, se requiere de mayoría simple, es decir, de la mitad más uno de las y los legisladores presentes. Morena y aliados, además de PRI y Movimiento Ciudadano votarán a favor de este dictamen; mientras que el PAN y dos diputadas del PVEM anunciaron que votarán en contra.
Por la mañana, las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia, y la Igualdad de Género del Congreso capitalino aprobaron con 15 votos a favor y 6 en contra un dictamen que despenaliza por completo el aborto en la Ciudad de México.
Este dictamen deroga los artículos 144, 145, 147 y 148 del Código Penal que criminalizaban el aborto después de las 12 semanas de gestación, además se elimina el delito de abortó del artículo 76, y sólo se mantiene una pena de 5 a 8 años de prisión para las personas que interrumpan el embarazo de una mujer sin su consentimiento.
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Los votos en contra fueron de los panistas Olivia Garza, Lizzet Bernal, Enrique Sánchez Flores y Diego Garrido; además, a título personal, las legisladoras de PVEM Yolanda García y Paula Pérez también votaron en contra.
Antes de comenzar con esta discusión, Diego Garrido pidió que la sesión de comisiones unidas fuera suspendida argumentando diversas irregularidades parlamentarias, como el no haberlos convocado a esta sesión ordinaria con 48 horas de antelación, como marca el reglamento.
Como respuesta, Alberto Martínez Urincho, presidente de la Comisión de Administración y Procuración Justicia, precisó que esta sesión tuvo carácter de urgente aunque se haya convocado a las y los legisladores a una sesión ordinaria, “es un tema de interpretación que puntualmente lo estamos aclarando”. En este sentido, la también morenista Elizabeth Mateos precisó que se trató de un “error de dedo”. Garrido adelantó que impugnarán está sesión que consideró “ilegal”.
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