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La elaboración y aprobación de las leyes secundarias de la Constitución de la Ciudad de México, así como los nombramientos de funcionarios quedaron en un segundo plano para los diputados del Congreso de la Ciudad de México, que lo único que hicieron fue reformar 17 disposiciones constitucionales, para atender a finales de año estos temas.
En este periodo, que inició en febrero y concluye el jueves, los legisladores aprobaron 92 de 238 iniciativas presentadas ante el pleno, con corte al 17 de mayo, entre algunas la Ley de Cultura Cívica que se analiza de nuevo por los errores.
Las normas de la Carta Magna que retrasaron destacan las reformas a los artículos transitorios, lo que valió las críticas de exlegisladores constituyentes y otros actores, quienes apoyaron en la redacción final de la primera Constitución de la Ciudad, pues consideraron que las peleas internas y los cambios en la Coordinación del Grupo Parlamentario de Morena, el de mayor peso en el Congreso, provocaron los retrasos.
Para Rogelio Muñiz Toledo, quien fungió como coordinador de asesores del grupo parlamentario del PRD en la Asamblea Constituyente, los cambios de cuadros políticos al interior de Morena se vieron reflejados en el retraso de la Ley Orgánica de la Fiscalía, que, en su opinión, pudo haber sido conformada en el último trimestre de 2018, para cumplir con la fecha original de expedición que era el 5 de diciembre del año pasado.
Sin embargo, durante este periodo Ernestina Godoy, quien fungía como coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena solicitó licencia al cargo para encabezar la Procuraduría General de Justicia (PGJ); y el diputado Ricardo Ruiz quedó en su lugar.
“Tuvieron cerca de tres meses para hacer la ley y, sin embargo, no se hizo, prefirieron hacer una iniciativa de reforma a la Constitución en diciembre para decir que mejor se aplazara un año para que la ley sea en diciembre de 2019. Me parece que no es un asunto de tiempos”, dijo.
Carlos Gelista González, exdiputado constituyente, reconoció que el cumplimiento de las disposiciones de la Carta Magna local representa una labor complicada; sin embargo, aseguró que los diputados no se han puesto a trabajar con intensidad, tanto a nivel del Pleno como de comisiones, para generar las iniciativas de ley que mandata la Constitución.
“En lugar de estar concentrados en la labor constitucional, eso lo pusieron a un lado y se dedicaron a resolver sus propios asuntos y sus propios temas de reparto de poder”, dijo.
Los avances
En el presente periodo de sesiones, el pleno del Congreso avaló tres reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México. Hasta el viernes pasado, sólo dos de ellas habían sido publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
En la primera, aprobada el 14 de marzo, se modificaron tres artículos transitorios para aplazar diversas disposiciones, entre las que destaca el inicio de operaciones de la Fiscalía General de Justicia, que sustituirá a la Procuraduría General de Justicia, a más tardar el 10 de enero de 2020.
La designación del fiscal General se realizará a más tardar el 15 de diciembre de este año, y entrará en funciones el 10 de enero de 2020.
La segunda modificación fue aprobada el 10 de abril, en la que destaca la expedición de la ley en materia de planeación a más tardar el 5 de septiembre de 2019; el Plan General de Desarrollo deberá conformarse a más tardar el 1 de octubre de 2020; el Programa de Ordenamiento Territorial y los programas en la materia de las 16 alcaldías deberán quedar conformados el 1 de abril de 2021.
En esta modificación también se estableció que a más tardar el 15 de diciembre de este año se expidan las leyes reglamentarias de los derechos de los pueblos indígenas, y derechos de pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la ciudad.
Gelista González dijo que estas reformas a la Constitución tienen consecuencias para los capitalinos, ya que retrasan el cambio político de la ciudad y el pleno ejercicio de derechos.
“Es un desarrollo que tiene que ver con contrapesos al poder que están diseñados en la Constitución, que están ya en proceso de construcción, que estas dos reformas las que se publicaron lo que hacen es aplazar la expedición de leyes, la integración de órganos y, por lo tanto, creo que tienen esa consecuencia”, indicó.
Para Muñiz Toledo, excoordinador de asesores, los congresistas deben crear una agenda para cumplir con los tiempos que establece de ley.
“Antes de pensar en reformar una constitución que acaba de iniciar su vigencia, por qué no mejor se ponen a hacer las iniciativas de ley que ordena la Constitución. A mí me parece que no es un tema de falta de tiempo, es un tema de falta de planeación legislativa, de falta de una agenda sólida”, planteó.
En contraste, Clara Jusidman Rapoport, exdiputada constituyente designada por el exjefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, reconoció que las fechas de los artículos transitorios “sí estaban muy apretadas” y necesitaban holgura para formular las leyes secundarias.
“Personalmente pienso que sí había que modificarlas. Mientras se formulen leyes de calidad y respetando el espíritu de la Constitución, más vale esperar que hacer todo a prisa y mal”, concluyó.
Hacer bien las cosas
En entrevista con EL UNIVERAL, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Ruiz Suárez, negó que las discusiones internas de su partido hayan provocado retrasos en la labor legislativa y en el cumplimiento con los preceptos de la Constitución.
Sostuvo que el proceso que siguió su partido estuvo marcado por la coordinación más que por pleitos internos.
“Si vamos a cualquier grupo que tenga cinco personas o que tenga 11 hay peleas, y se ven las diferencias. Aquí el problema es que ser mayoritario, pues somos 34, y que por supuesto los procesos son más complejos, más complicados; pero han ido saliendo, sí se han dado procesos de cambios que implican ciclos, pero en todos los temas hemos salido juntos, no hay divisiones, hay un planteamiento de unidad, las votaciones lo dicen.
“No es problema interno, no es que nos dediquemos a otra cosa porque aquí los datos nos indican que nos dedicamos a estar presentando un montón de cosas”, insistió.
Sin dar nombres, Ruiz Suárez comentó que varios constituyentes estuvieron de acuerdo con los aplazamientos, siempre y cuando no se vuelvan a reformar los tiempos.
Explicó que en cualquier actividad, sobre todo en la legislativa, se establecen cronogramas para el cumplimiento de objetivos, los cuales pueden ser ajustables.
“O sea, yo no le echo la culpa a los constituyentes, pero cuando uno legisla esos temas de operación, no necesariamente se tienen en la cabeza, es un tema más teórico. Aplazamos algunas fechas, nos estamos dando un colchón para que podamos hacer mejor las cosas.
“Queremos ir a fondo a los planteamientos que nos dicta la Constitución. Si queremos una nueva forma de procuración de justicia, un nuevo mecanismo de atención a la gente, que tenga sentido ir a denunciar, no me des cinco meses, dame un año para hacer un buen trabajo”, enfatizó.
Expuso que de septiembre pasado a abril de este año, se presentaron 358 iniciativas y 523 puntos de acuerdo, y negó que iniciativas como la del retiro de estatuas de Cristóbal Colón, propuesta por el Partido Verde, o la prohibición de la venta de cerveza fría, iniciativa de la morenista Lourdes Paz, hayan desviado o atrasado el quehacer legislativo, pues, dijo, todos los diputados tienen libertad de expresar sus opiniones, siempre y cuando se hagan responsables de sus propuestas.
Adelantó que para el próximo periodo de sesiones que inicia en septiembre, se busca un nuevo modelo de reglamento en el Congreso, que haga obligatorio el equilibrio en la presentación de puntos de acuerdo, dictámenes e iniciativas para hacer más ágiles las sesiones del Pleno.
