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La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso de la Ciudad de México, Paula Soto, informó que presentará un punto de acuerdo para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ponga freno a la discriminación a las mujeres trabajadoras del hogar.
Durante la instalación formal de la comisión en Donceles y Allende, la ex titular del Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México (Copred) Jacqueline L’Hoist, recordó que hay en el país 2.4 millones de trabajadoras del hogar y de éstas 500 mil en la capital, por lo que resulta discriminatorio no hablar de ellas ni reconocerlas: “Las mujeres no podemos seguir siendo invisibilizadas, es fundamental que se visibilice lo que estamos haciendo”.
Soto aclaró que antes que mujeres y hombres somos seres humanos con plenitud y derechos, los cuales deben ser respetados: “Es hora de construirnos como personas y es hacia allá donde tenemos que ir”.
Ante la violencia, la discriminación y los pendientes que aún existen en materia de igualdad de género, convocó a un pacto de sororidad y se comprometió a trabajar en un parlamento abierto, donde se escuche la voz de mujeres y hombres.
Ernestina Godoy, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Ciudad destacó que la equidad ha ganado espacio en la vida pública nacional, gracias a la “lucha y terquedad”.
Por ello, aseguró que la comisión tendrá que estar atenta a las leyes que impulsará esta Legislatura y que deberán tener ese toque transversal de igualdad de género.
Consideró que otro de los retos de este órgano legislativo es garantizar que el catálogo de derechos sobre igualdad de género —establecidos en la Constitución de la Ciudad de México— realmente tengan impacto en las leyes secundarias.
La diputada Guadalupe Aguilar Solache exhortó al Gobierno local a declarar la Alerta de Violencia de Género e implementar medidas para erradicar los feminicidios, ya que de 2013 a 2017 han asesinado a 576 mujeres en la capital y sólo en 237 carpetas se ha tipificado como feminicidios.
“Desde el año pasado diversas organizaciones de la sociedad civil solicitaron la Alerta de Violencia Género, teniendo como eje principal de la petición la falta de acceso a la justicia para las víctimas de feminicidio, fallas en las indagatorias de este delito, pérdida de evidencias, clasificación como suicidio u homicidio, y la revictimización de las víctimas y sus familiares, como sucedió en el caso de Lesby [Osorio Martínez]”, comentó.