Arturo Toscano , asesor jurídico de los transportistas de las Rutas 84, 91 y 12, que este día se manifestaron en calles del centro de la Ciudad, informó que denunciaron penalmente al secretario de Movilidad, Andrés Lajous , por supuestamente encabezar un ‘Cartel del Transporte’.
Detalló que esta denuncia fue presentada en la Fiscalía de Servidores Públicos por la posible comisión del delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, promoción de conducta ilícita, cohecho, distracción de recursos públicos , enriquecimiento ilícito y fraude, todo esto en pandilla.
Señaló que posiblemente el secretario incurrió en todos estos delitos al favorecer a supuestas “empresas fantasmas” para el desvío de recursos y la compra de autobuses sin la participación de los concesionarios que han trabajado las rutas de Culhuacán, Las Águilas y Xochimilco
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Durante una protesta efectuada en frente a la sede del gobierno capitalino, sostuvo que el funcionario y un grupo de particulares, incluidos en la denuncia, conformaron el denominado ‘Cartel del Transporte’.
Explicó que el mecanismo del supuesto desvío de recursos consistió en que no le fueron entregados a los transportistas de forma directa 450 mil pesos para concretar el proceso de renovación de sus unidades.
“El secretario de Movilidad, Andrés Lajous, consintió, acordó, organizó y ejecutó que empresas fantasmas que no representan a los beneficiarios se hicieran, a través de engaños, representantes de los beneficiarios y tomaron los 450 mil pesos de cada uno de ellos y esos recursos en total suman para las rutas 84, 91 y 12, un total de 61 millones 200 mil pesos que se les entregó, a través del secretario de movilidad y a través del Fideicomiso, a la empresa fantasma Autobuses Barrios Culhuacán”, indicó.
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Señaló que, con ese recurso, el representante “de la empresa fantasma”, Ariel López Tapia, fue quien adquirió 224 autobuses nuevos en el estado de Michoacán, sin el consenso ni consentimiento de los transportistas.
“Dando un total de deuda de 158 millones, ¿dónde está aquí el delito, dónde está aquí la conducta antijurídica que cometieron el particular y el funcionario público?, pues consiste en haber simulado una representación y haber sustraído recursos públicos que habían sido asignados a los transportistas, y haber sido dirigidos a un particular”, puntualizó.
Los inconformes marcharon sobre Calzada San Antonio Abad hasta el Zócalo capitalino, para pedir a la jefa de gobierno que intervenga en este caso, que a su parecer está plagado de irregularidades.
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