La Fiscalía General de Justicia (FGJ) inició una investigación por el delito de fraude procesal en contra de una actuaria del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y una particular, quienes, a través de documentos apócrifos, son acusadas de despojo a dos personas de un inmueble ubicado en Tlalpan, cuando ellas radicaban en Phoenix, Arizona, Estados Unidos.
Para eso se valieron de documentos apócrifos como autos de emplazamiento, contratos de comodato y otras diligencias que presenció supuestamente la actuaria identificada como Rosa María, y fueron presentados por una particular, Edelmira, en un juicio civil en el Juzgado Sexagésimo Tercero de lo Civil, en avenida Patriotismo.
La denuncia de la cual tiene copia EL UNIVERSAL ingresó el pasado 27 de enero y señala que la servidora pública realizó diligencias desde 2020 que fueron falsificadas, pues en ellas describió información que no fue real, pues la parte demandada no radicaba en la Ciudad.
En los autos y notificaciones que supuestamente hizo señaló a dos personas fallecidas (madre y padre de las víctimas indirectas), de haber recibido los documentos.
La actuaria entregó al juez dichas notificaciones y autos de emplazamiento, donde refería que la madre de las dos personas despojadas identificada como Fe Tamariz Salinas había presenciado la diligencia que encabezó en el número 120 de la calle Cruz Verde, colonia Centro de Tlalpan, como parte de juicio que inició Edelmira.
Rosa María, del TSJ, colocó incluso mal el nombre de la mujer con la que supuestamente se entrevistó como parte de la diligencia, pues en vez de poner Fe Tamariz, escribió “Esperanza Tamariz”.
En el documento que formó parte del juicio encabezado por el juez de Sexagésimo Tercero de lo Civil, la actuaria escribió que “estaba buscando a Esperanza Tamariz, la cual me contestó ser la persona buscada (…) manifestando que en este domicilio vive”, pero la mujer había muerto fuera del país.
La abogada del caso, Mercedes Estrada, señaló que existe una red de funcionarios que realizan estos actos para beneficiarse del apoderamiento de inmuebles. EL UNIVERSAL dio a conocer que, según un informe de la fiscalía entregado al Congreso local, no sólo grupos delictivos operan el despojo, también abogados y notarios.
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