Al menos siete familias víctimas del colapso del tramo elevado de la Línea 12 del Metro presentarán una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Gobierno de la Ciudad de México y las empresas que participaron en la construcción del viaducto, toda vez que no se ha cumplido con la reparación del daño.
La demanda será interpuesta en los próximos días por el representante legal de las familias —en la que se incluye la de Brandon, único niño fallecido tras los hechos—, Teófilo Benítez Granados.
En conferencia, el litigante refirió que el documento será interpuesto contra el Gobierno capitalino y las empresas constructoras, ya que la reparación del daño ha sido inexistente para las víctimas.
Dijo que han visto “trabas” en los procesos legales que han interpuesto ante las autoridades, como actos de investigación en específico que han sido negados, por lo que tomaron la decisión de recurrir a instancias internacionales.
“No se ha dado la atención correspondiente a cada una de las víctimas”, refirió.
Señaló que la salida de la exdirectora del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Florencia Serranía, fue para aligerar la carga que tenía el Gobierno local por la tragedia, pero no ven disposición de arreglar temas pendientes con las víctimas.
Serranía renunció al cargo esta semana y el nuevo director es Guillermo Calderón, extitular del Sistema de Transportes Eléctricos.
La queja será interpuesta en dos semanas, tiempo en el que sentarán los argumentos en el documento a presentar ante la CIDH, comentó Benítez Granados, quien se hizo acompañar por Marisol Tapia, mamá de Brandon y otras familias.
Aseguró que no se han garantizado los derechos humanos de las víctimas, así como el de salud.
“La responsabilidad que tienen ellos [gobierno] no la quieren asumir, por eso tratan de querer desmentir a cada una de las víctimas”, dijo.
Teófilo Benítez refirió que es la iniciativa privada quienes han entregado ayuda a las víctimas y no el gobierno, por lo que aprobó el compromiso del empresario Carlos Slim para la rehabilitación de la Línea Dorada, pero esto deja ver una inacción de las autoridades.
En cuanto a las carpetas de investigación que iniciaron tras las denuncias interpuestas ante la fiscalía capitalina, el abogado comentó que no hay avances por parte de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), y hasta el momento no se ha llamado a declarar a las personas a las que se les imputó.
Recordó que fueron denunciados 26 funcionarios y exfuncionarios, además de las empresas que participaron en la construcción, como Carso.
“Ninguno de ellos ha comparecido, nosotros estamos presionando a la autoridad a efecto que se continúen las indagatorias, precisamente comentaba que estuvimos en el Búnker para solicitar actos de investigación y se giraran los oficios correspondientes. Dentro de esa misma solicitudes optamos por solicitar que se les notificara por medio de Policía de Investigación y se nos permitiera acompañar a la policía para que viéramos que sí estaban haciendo su trabajo”, aseveró.
Rigoberto Quiroz, esposo de Marisol Tapia, madre del niño Brandon, aseguró que la tragedia les dejó secuelas como ansiedad, inseguridad y trastornos sicológicos.
