Con la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social que avaló el Congreso de la Ciudad de México el pasado 13 de junio se prevé que las alcaldías se coordinen con el gobierno central para unificar padrones de beneficiarios y evitar duplicidad en la entrega de apoyos.
Actualmente, al menos una docena de los 98 programas que entregan las demarcaciones son similares a alguno de los 40 apoyos que otorga el Gobierno capitalino o cumplen con los mismos objetivos, particularmente los que están relacionados con alimentación y para el combate de la violencia de género, con base en una revisión realizada por EL UNIVERSAL.
En este 2024 operan en total 138 programas sociales en la CDMX, de acuerdo con el Sistema de Información para el Bienestar. Las alcaldías entregan 98 programas sociales con un presupuesto de mil 870 millones 664 mil 543 pesos. Mientras que el gobierno central tiene registro de 40 programas para los que se destina un presupuesto de 14 mil 570 millones 615 mil 664 pesos.
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En una revisión de los programas sociales que se entregan en la capital del país, este medio encontró al menos una docena de programas similares. Por ejemplo, para los jóvenes capitalinos el gobierno central tiene el programa Los Jóvenes Unen al Barrio que otorga el Instituto de la Juventud, este año con un presupuesto de 120 millones de pesos. Un programa similar es Los Jóvenes Proyectando y Transformando la Alcaldía que se otorga en la Gustavo A. Madero, y que en este año tuvo previsto beneficiar hasta 50 proyectos comunitarios de autoría propia integrados por grupos de cuatro personas, con un total de 200 personas jóvenes (mujeres y hombres) de entre 15 y 29 años.
En materia de género, en la alcaldía Gustavo A. Madero se implementa el programa Seguro Contra la Violencia de Género, que este año destinó una partida de 3 millones de pesos para beneficiar hasta a 50 mujeres víctimas de violencia, siempre y cuando sean maderenses; mientras que en la alcaldía Miguel Hidalgo se aplica el programa Avanza Contra la Violencia, para el que en este año destinó un presupuesto de un millón 125 mil pesos para dar apoyos de 15 mil pesos a 75 mujeres en situación de violencia.
Ambos programas son similares al de Bienestar para las Mujeres en Situación de Violencia que otorga la Secretaría de las Mujeres; sin embargo, ambos contemplan la existencia del programa del gobierno central precisamente para evitar duplicidades, de acuerdo con sus reglas de operación.
Por otro lado, el programa Apoyo para Mantenimiento de Unidades Habitacionales que otorga la alcaldía Iztacalco, este año con un presupuesto de 23 millones de pesos para beneficiar a 33 unidades habitacionales de la demarcación, es similar al programa del gobierno central Bienestar en Tu Unidad, que también beneficia a unidades habitacionales de la capital.
Si bien algunos programas que entregan las alcaldías tienen similitudes con algunos del gobierno central, en la mayoría de los casos se especifica en sus reglas de operación que para acceder a ellos los beneficiarios no deben estar inscritos en otros de forma simultánea o se especifica que se trabaja entre dependencias para evitar duplicidad.
Además, todos los programas son evaluados por el Comité de Planeación para el Desarrollo (Coplade), así como el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México (Evalúa), que emite los Lineamientos para la Evaluación Interna de los Programas Sociales.
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La polémica entre PAN y Morena
A pesar de que su objetivo no es nuevo, la aprobación de esta ley generó opiniones encontradas entre alcaldes, diputados y especialistas ante los alcances que tendrán las demarcaciones territoriales respecto a la entrega de apoyos.
Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, advirtió en entrevista con esta casa editorial la posibilidad de que el gobierno central concentre “toda la política social” y excluya así a los gobiernos de las alcaldías, por lo que pidió a la próxima jefa de Gobierno, Clara Brugada, sostener “con claridad si pretende o no quitar los programas sociales de las demarcaciones”.
“Yo esperaría que no, yo pienso que no, porque supongo que entre todos, es decir, alcaldías y Gobierno de la Ciudad, trabajamos de la mano para disminuir la desigualdad y lograr que el piso sea más parejo entre unos y otros”, sostuvo.
Por separado, Rubén Linares, director general de Desarrollo Social de la Gustavo A. Madero, consideró que la nueva ley no será “una camisa de fuerza” para las alcaldías, ya que su objetivo recae en “darle un sentido más profundo” al beneficio que traen los programas sociales a la comunidad y homogeneizar en las demarcaciones.
“Entiendo que lo que busca es homogeneizar los programas y acciones sociales para que toda la población de la Ciudad de México pueda verse beneficiada de manera equitativa e igualitaria, que así lo que se requiera en Cuautepec, también se pueda acceder en Milpa Alta o en San Gregorio, Xochimilco”, sostuvo en entrevista.
En diciembre de 2023, el jefe de Gobierno, Martí Batres, anunció que enviaría al Congreso una iniciativa para expedir dicha ley, la cual fue aprobada el mes pasado tras una sesión extraordinaria que se caracterizó por roces entre diputados de la oposición y la bancada de Morena. Finalmente se aprobó y pasó a sustituir la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal.
En entrevista, Martha Ávila, coordinadora de la bancada de Morena, enfatizó que con la nueva ley no se afectarán las facultades de las alcaldías y “mucho menos” se plantea la eliminación de programas sociales, por el contrario, dijo, se busca fortalecerlos ya que “se refuerza la obligación para que haya coordinación entre los órdenes de gobierno” para evitar la duplicidad, algo estipulado también en la Ley de Austeridad.
Adelantó que para la implementación de esta ley se creará un Consejo junto con los alcaldes en el cual se definirán los programas sociales que se implementarán, por lo que afirmó, tanto alcaldes y alcaldesas como la ciudadanía “deben tener la seguridad que este nuevo ordenadamente mantiene intactas las facultades y competencias”.
En tanto, Raúl Torres, diputado local del PAN, se mantuvo firme en que esta propuesta “está hecha para que todas la reglas, ejecución, padrones y prácticamente el entero del manejo de los que reciben estos programas sociales sea controlado por el Gobierno de la Ciudad de México”, cuando cada alcaldía, dependiendo de sus necesidades y demografía define qué tipo de programas requiere.
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Especialista: se le resta fuerza a las alcaldías
Sobre esto, Felipe Gaytán Alcalá investigador de La Universidad La Salle, explicó a esta casa editorial que “lo complicado” de esta ley viene en función de las competencias entre alcaldías, gobierno central e incluso hasta programas del gobierno federal, que podrían duplicarse lo que “ha hecho que algunas familias y algunas personas obtengan hasta tres o cuatro apoyos en la misma línea. Estoy hablando, por ejemplo, de becas, becas a niños y niñas a nivel federal, a nivel del gobierno del estado e incluso a nivel de la alcaldía”.
En este sentido, explicó, lo que intenta esta ley es “ordenar esta duplicidad en los apoyos, tanto de transferencias a las personas como el apoyo a grupos y a comunidades y barrios”.
El experto consideró que “la cara más bonita de todo ejercicio gubernamental es el gasto social”, pues es el que genera adeptos, simpatías y votos, por lo que de quitarlo a las alcaldías únicamente quedarían como administradoras de lo que les otorgue el gobierno central.
“Ese es el pleito de los alcaldes, incluso dentro de Morena también está esta idea de ‘¿qué me van a dejar a mí?’. En la parte técnica de transferencias me parece que va bien, pero en las competencias creo que hay más un juego político, precisamente de restarle toda la fuerza a los gobiernos locales de oposición para centralizarlo en el gobierno de la ciudad”, señaló.
