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Confrontan a ministra Loretta Ortiz Ahlf en foro de reforma judicial; "sus intereses son hacia Morena, deje de mentir"
El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que se publicó la semana pasada, es un instrumento "largamente esperado" con el que se prevé que se otorgue justicia expedita para la ciudadanía de la CDMX, consideró Luis Hernández Martínez, miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE).
El abogado explicó a EL UNIVERSAL que la aplicación de estas disposiciones debería "impulsar" la rendición de cuentas, toda vez que muchos de los juicios y actos jurídicos que se van a realizar con él tienen la posibilidad de hacerse de forma digital, lo que ayudará además a la generación de datos en tiempo real.
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Asimismo, explicó que se espera que este código impacte "positivamente en la justicia", pues señaló que existe un "paralelismo" con el Código Nacional de Procedimientos Penales -aunque con sus debidas diferencias- el cual ha demostrado ser un instrumento "que ayuda por lo menos a ordenar el caso que se tenía en todas las entidades federativas en cuanto a impartición de justicia".
"También pudiera ser que este código ayude a que se lleven a cabo procesos justos, que sean administrativamente o en términos de gestión de justicia mucho más apegados a derecho, accesible, eficiente, que realmente la ciudadanía que acuda a estos procesos encuentre que son justos y no dilatorios o no nugatorios a sus derechos, que encuentre la ciudadanía mecanismos accesibles e imparciales para la resolución de disputas", dijo.
El también fundador de Alta Dirección Jurídica comentó que este instrumento cuenta con características que podrían ayudar al objetivo de dar justicia a la población, en el sentido de que está pensando en términos que incluyen perspectiva de género, tratamiento especial a personas con discapacidad, garantizar derechos de niñas y niños y con un enfoque de derechos humanos.
"Este código obligaría a los jueces a entender que los derechos humanos contenidos en tratados universales ratificados por México que no contradigan la Constitución son Constitución; los juzgadores están obligados a materializarlos", señaló.
Sin embargo, precisó que, si esto se vuelve o no una realidad, solo se podrá saber una vez que inicie su aplicación, para lo cual, se tiene un plazo hasta el 1 de abril de 2027.
"Hasta la fecha el decreto todavía es teórico, aparece publicado hoy (miércoles) en el DOF, entra en vigor a partir de mañana (jueves) pero eso no significa que ya todo mundo empiece a utilizarlo, pues hay un plazo para esto", dijo.
¿Cuándo surtirá efectos el nuevo Código nacional de procedimientos civiles y familiares en CDMX?
Si bien el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares entra en vigor a partir de este jueves 8 de junio en todas las entidades de la República, incluida la CDMX, sus disposiciones se aplicarán "gradualmente" una vez que el Congreso local emita una Declaratoria con este efecto, previa solicitud del Poder Judicial capitalino, en tanto esto no exceda el 1 de abril de 2027.
De acuerdo con el artículo segundo transitorio del decreto publicado este 7 de junio, en dicha Declaratoria, el Congreso de la CDMX "deberá señalar expresamente la fecha en la que entrará en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares" y esta será publicada en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad.
En el decreto se establece que entre la Declaratoria que emita el Legislativo local y la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, deberán mediar máximo 120 días naturales.
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"En todos los casos, vencido el plazo, sin que se hubiera emitido la Declaratoria respectiva, la entrada en vigor será automática en todo el territorio nacional sin que la misma pueda exceder el día 1o. de abril de 2027", se lee en el documento.
Cabe destacar que en los procedimientos civiles y familiares que estén en curso en la CDMX "continuarán su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos" al momento de la entrada en vigor del nuevo Código Nacional, de acuerdo con lo que establece el artículo cuarto transitorio.