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Las comisiones unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y de Planeación del Desarrollo del Congreso de la Ciudad de México ignoraron 85% de las propuestas y observaciones ciudadanas al Plan General de Desarrollo (PGD) y al Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), que se hicieron durante el parlamento abierto.
Según el dictamen en sentido positivo de estos dos instrumentos de desarrollo, que se prevé sean aprobados hoy en comisiones, se recibieron 190 propuestas y observaciones, pero sólo se consideraron 28 aportaciones de ciudadanos y organismos para los documentos finales.
Los que sí se tomaron en consideración fueron de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) que pidió que en los ejercicios de planeación de la Ciudad se impulse máxima transparencia en los diagnósticos y desarrollo de programas, así como la implementación de indicadores sencillos y oportunos que favorezcan la toma de decisiones y la evaluación.
Asimismo, se incluyó la opinión de académicos de la UNAM para que se implementen programas y políticas que mitiguen los efectos del cambio climático y contemplen la atención de fenómenos como las islas de calor, el decremento de la calidad del aire y las sequías.
De acuerdo al dictamen, el PGD es el primer instrumento de planeación de largo plazo que guiará el rumbo de la Ciudad por los próximos 20 años. En tanto, el PGOT podrá ser actualizado cada cinco años o cuando ocurran cambios significativos en las condiciones que le dieron origen, siempre que se garanticen ejercicios de participación ciudadana, así como una amplia difusión de sus convocatorias, procesos y resultados, situación, de acuerdo a varios colectivos, que no ocurrió en esta elaboración.
Según el artículo 51 de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, el Congreso tenía seis meses para aprobar el PGOT y el PGD. El plazo vence el 8 de diciembre.
De no avalarse en este plazo se aprobarían automáticamente, según el artículo 15, apartado C de la Constitución capitalina que a la letra dice: “El Congreso deberá resolver en un periodo no mayor a seis meses posteriores a su presentación; transcurrido este plazo, se considerará aprobado”.
El diputado panista, Ricardo Rubio, informó que presentará un dictamen en sentido negativo a este plan y programa, mismos que sometería este lunes a las comisiones respectivas.
