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Quedó firme en el dictamen de la iniciativa sobre la nueva Ley de Reconstrucción Integral para la Ciudad de México el apoyo de renta para los damnificados del 19 de septiembre de 2017, hasta que les entreguen sus viviendas.

Con anterioridad, César Cravioto, comisionado para la Reconstrucción, dijo que la rehabilitación de inmuebles podría tardar hasta tres años.

En el documento, que será presentado este jueves en el pleno del Congreso de la Ciudad de México, se establece que la Comisión de Reconstrucción otorgará y gestionará la redensificación necesaria y que los damnificados deberán ceder un porcentaje de la superficie edificable que les corresponde para construir viviendas adicionales.

Esta propuesta, que fue avalada por la mayoría de los legisladores locales, generó inconformidad entre la organización Damnificados Unidos por la redensificación de hasta 35%.

La presidenta de la Comisión de Reconstrucción en Donceles y Allende, Esperanza Villalobos, aseguró que las peticiones de ese sector serían escuchadas, pero advirtió que los trabajos no se detendrían.

Este lunes, la Comisión a su cargo dictaminó a favor la iniciativa y plasmó que en el caso de que no sea posible acreditar alguna propiedad o legítima posesión, el Gobierno de la Ciudad de México podrá expropiar de manera total o parcial para su regularización.

También quedó asentado que para garantizar la inversión de los recursos públicos y evitar la especulación inmobiliaria, los inmuebles que sean reconstruidos con participación de recursos públicos no podrán ser enajenados por un periodo de cinco años —antes se sugería un plazo de 10 años— a partir de la entrega material de los mismos.

Como novedad, dentro de la nueva ley se señala que la Comisión de Reconstrucción se apoyará en un comité de transparencia, integrado por representantes de instituciones educativas, para la rendición de cuentas, el acceso a la información y la máxima publicidad del proceso de reconstrucción.

Villalobos recalcó que esa nueva ley garantizará vivienda digna para todos los afectados.

Hace unos días adelantó a EL UNIVERSAL que se contemplaría un programa de asistencia a deudos de víctimas mortales.

En el artículo 20 de la citada ley se argumenta que se trata de un otorgamiento de medidas de ayuda, asistencia y atención para las personas que sufrieron la pérdida de algún familiar a través de un fondo de apoyo que contempla respaldo sicológico, médico y asistencial.

Del mismo modo, se advierte que para la reconstrucción se realizará un mecanismo de organización de empresas por zonas, para propiciar la participación en igualdad de condiciones. Antes deberán cumplir con los requisitos legales aplicables, pues de lo contrario se les prohibirá su participación.

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