Más Información
diana.fuentes@eluniversal.com.mx
El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México ordenó al juez Tercero de Distrito admitir a trámite la demanda de amparo indirecto contra el Tren Interurbano México-Toluca interpuesta por habitantes del pueblo originario El Contadero.
De acuerdo con la Fundación Kosmo Publicus, el 31 de mayo de 2018 fue interpuesto este amparo por los miembros de El Contadero.
Sin embargo, el juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa, Martín Adolfo Santos Pérez, desechó la demanda por considerar que debía tramitarse ante un juez civil porque a su consideración se trataba de la defensa de derechos difusos mediante una acción colectiva.
Ante esta sentencia, el juez, según la fundación, ahora está obligado a admitir la demanda de amparo que se desechó, además de proveer sobre la suspensión de oficio y de plano que le corresponde al pueblo indígena de El Contadero, aún contra su voluntad.
Los magistrados, por unanimidad, consideraron que fue desafortunado que Santos Pérez renunciara a su investidura de juez constitucional y convencional de amparo en materia administrativa para proteger los derechos colectivos del pueblo indígena luego de que se presentara una demanda de amparo indirecto y, no así una acción difusa, con la que intentan demostrar que más de 50 servidores públicos del gobierno federal como del Gobierno de la Ciudad México violaron los derechos colectivos de su pueblo indígena.
Algunas de las violaciones en las que se incurrió fue el derecho a la consulta previa, libre e informada y, a su vez, se atentó contra el medio ambiente sano y demás derechos que son reconocidos en la Constitución, en el Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo, como en el Pacto de San José.
Los representantes de El Contadero anunciaron que solicitarán al juez se excuse de conocer y sustanciar el juicio de amparo por haber hecho manifiesto su odio y rechazo hacia la causa justa de la defensa de los derechos colectivos de su pueblo indígena, lo que advierte el riesgo de la pérdida de imparcialidad del juez, al renunciar a instaurarse en un magistrado de derecho.
Lanzaron un llamado al presidente del Consejo de la Judicatura, el ministro Luis María Aguilar Morales, como a los consejeros de ese órgano colegiado, a garantizar la impartición de justicia en este tema.
